PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO EN DEFENSA DE VIZCARRA
El exministro de Cultura y actual vocero político de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, cuestionó de forma enérgica la reciente decisión del Congreso de la República de inhabilitar por 10 años al exmandatario para ejercer cargos públicos. Según declaró Salas, esta medida legislativa “no refleja la voluntad del pueblo”, y afirmó que Vizcarra “sigue habilitado por la ciudadanía”, sugiriendo que aún conserva respaldo popular.
ANTECEDENTES DE LA SANCIÓN PARLAMENTARIA
El Congreso aprobó con mayoría la sanción de inhabilitación contra Vizcarra por su decisión de disolver el Parlamento en el año 2019, acto que fue calificado como una infracción a la Constitución. Esta medida se suma a otras restricciones impuestas previamente al exjefe de Estado, quien ya había sido inhabilitado en 2021 por el escándalo del caso «Vacunagate».
La reciente resolución del Legislativo tiene carácter político-administrativo y busca impedir que Vizcarra postule o desempeñe funciones públicas durante una década.
POSICIÓN DE ALEJANDRO SALAS
Salas ha insistido en que la inhabilitación responde más a cálculos políticos que a un interés auténtico por defender el orden constitucional. Según él, la población reconoce en Vizcarra a un líder que confrontó directamente a una clase política desgastada, y que su decisión de cerrar el Congreso en 2019 fue respaldada por un amplio sector de la ciudadanía en ese momento.
En ese sentido, expresó que este tipo de sanciones “no anulan la legitimidad que otorga el respaldo ciudadano” y que Vizcarra continúa siendo una figura con proyección en el escenario político nacional.
DEBATE SOBRE LEGITIMIDAD Y REPRESENTACIÓN
El caso ha reabierto el debate sobre la legitimidad entre el respaldo popular y las sanciones institucionales. Mientras sectores del Congreso sostienen que se ha aplicado justicia conforme a la ley, los seguidores de Vizcarra alegan que existe una persecución política por parte de un Parlamento desprestigiado.
Este enfrentamiento evidencia la persistente tensión entre los poderes del Estado y refleja una polarización que continúa marcando la vida política peruana desde la crisis institucional de 2019.
