El jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, se pronunció sobre el reciente debate generado en torno a la aplicación de la ley que permite procesar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años. En su declaración, afirmó que el Poder Judicial no tiene competencia para emitir directivas que orienten a los jueces a dejar de aplicar una norma vigente.
Autonomía judicial e independencia funcional
García Toma explicó que, en un Estado de derecho, cada juez tiene la autonomía de interpretar y aplicar la ley según su criterio y convicción jurídica, sin estar sujeto a directrices internas que condicionen su actuación. Recordó que esa independencia está garantizada por la Constitución como un principio fundamental del sistema judicial peruano.
Norma bajo revisión del Tribunal Constitucional
La polémica surge a raíz de una reciente disposición legal que establece que los jóvenes de 16 y 17 años, involucrados en delitos graves, pueden ser procesados penalmente como adultos. Esta norma ha sido cuestionada por sectores que la consideran inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de protección de la niñez. Al respecto, García Toma señaló que será el Tribunal Constitucional el órgano encargado de definir la validez jurídica de la norma en cuestión.
Garantía del debido proceso
El constitucionalista insistió en que, mientras una ley esté vigente y no haya sido declarada inconstitucional, debe ser aplicada por los órganos jurisdiccionales conforme a su contenido. Subrayó que todo cambio en su ejecución debe provenir de una decisión expresa del Tribunal Constitucional o de una modificación legislativa aprobada por el Congreso de la República.
Debate nacional en torno a la justicia juvenil
El tema ha generado un intenso debate entre quienes consideran la medida como necesaria para frenar el avance del crimen juvenil, y quienes alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de los menores de edad. En ese contexto, las declaraciones de García Toma buscan reforzar el respeto al marco jurídico vigente mientras se resuelve la controversia.
