Fin del plazo y advertencia constitucional
El pasado 26 de mayo se cumplió el plazo de cinco años otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) al Poder Ejecutivo para reducir el hacinamiento carcelario en el Perú, uno de los problemas estructurales más graves del sistema penitenciario nacional. La sentencia, emitida en 2020, ordenaba tomar medidas efectivas para garantizar condiciones dignas de reclusión, bajo advertencia de cierre de establecimientos si no se cumplía con los parámetros exigidos.
Con el vencimiento de este plazo y sin haberse alcanzado las metas establecidas, el Estado peruano se enfrenta ahora a la posibilidad real de cierre de hasta seis penales, considerados críticos por su nivel de sobrepoblación y condiciones inadecuadas.
Acciones del Ministerio de Justicia
Ante la inminencia de esta medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha anunciado que ha solicitado formalmente al TC una prórroga del plazo, argumentando que, si bien se han realizado avances en infraestructura, liberaciones anticipadas y mejoras normativas, los esfuerzos han sido insuficientes debido a factores presupuestales, logísticos y sanitarios.
El pedido de extensión busca evitar el cierre inmediato de los penales en cuestión, lo cual podría generar una crisis en la administración penitenciaria y en la seguridad pública, dada la imposibilidad de reubicar a miles de internos en otros centros ya saturados.
Los penales en riesgo y la situación actual
Aunque no se han revelado oficialmente los nombres de los establecimientos penitenciarios que podrían cerrarse, se sabe que se trataría de seis centros ubicados en Lima y regiones del norte y sur del país, donde los niveles de hacinamiento superan en algunos casos el 150% de su capacidad instalada. Esta situación representa una vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos y una amenaza permanente a la seguridad y salubridad dentro de los penales.
Según cifras del INPE, la población carcelaria nacional supera actualmente los 90 mil internos, mientras que la capacidad oficial del sistema penitenciario apenas cubre a poco más de 40 mil.
Implicancias legales y sociales
El eventual cierre de estos penales, de concretarse, pondría en evidencia el incumplimiento de una sentencia constitucional firme, lo que podría generar consecuencias legales para las autoridades responsables. Además, reabre el debate sobre la urgencia de reformas estructurales en el sistema de justicia penal, incluyendo el uso de penas alternativas, una mejor gestión de los procesos judiciales y una revisión profunda del enfoque punitivo del Estado.
Organismos de derechos humanos, expertos en política penitenciaria y asociaciones civiles han manifestado su preocupación, exigiendo transparencia en las medidas que el Gobierno adopte para garantizar los derechos tanto de los internos como de la ciudadanía.
