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La mañana de este lunes se registró un episodio de alta tensión en la sede central del Ministerio Público en Lima. La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ingresó al edificio acompañada por su equipo de seguridad con la aparente intención de asumir nuevamente el cargo máximo del Ministerio Público. La acción fue contenida por personal de seguridad institucional, evitando que Benavides ocupara el despacho de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Fuentes vinculadas al Ministerio Público informaron que Benavides llegó hasta el noveno piso, donde se encuentra el despacho principal, y exigió ser reconocida como titular del cargo. Su presencia generó desconcierto entre los trabajadores y un despliegue interno de seguridad para controlar la situación. La intervención fue contenida sin violencia, pero dejó al descubierto un intento irregular de tomar el control del organismo.
Contexto del conflicto
Patricia Benavides fue suspendida de sus funciones en diciembre de 2023 tras ser investigada por presuntos actos de corrupción y por liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público. A pesar de que su defensa ha insistido en la inocencia de la exfiscal, los procesos disciplinarios y penales en su contra siguen en curso.
En su lugar, la fiscal suprema Delia Espinoza fue designada de forma interina para garantizar la continuidad institucional. Sin embargo, desde el entorno de Benavides se ha venido gestando un discurso de “restitución legítima”, bajo el argumento de que su suspensión habría sido injusta, situación que habría motivado el intento de retorno.
Reacciones institucionales
Tras el incidente, se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura sobre las implicancias de lo ocurrido. También se prevé que se evalúen medidas para reforzar la seguridad y estabilidad dentro del organismo.
Diversas voces del ámbito político y judicial han expresado su preocupación por la gravedad del acto, señalando que la institucionalidad del Ministerio Público no puede estar sujeta a acciones de fuerza ni a interpretaciones unilaterales del orden legal.
Implicancias y proyecciones
Este intento de Benavides por retomar el control de la Fiscalía podría tener consecuencias jurídicas y políticas. La acción podría interpretarse como una alteración del orden institucional y generar nuevas sanciones o procesos en su contra.
Mientras tanto, el Ministerio Público enfrenta el reto de reafirmar su independencia y autoridad, en medio de un clima de desconfianza ciudadana y presiones políticas. La estabilidad de este organismo es clave para garantizar el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en el país.
