
Introducción
La Confederación Suiza ha rechazado una solicitud de cooperación judicial presentada por el Ministerio Público del Perú en el marco del proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo y el teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eder Infanzón Gómez. La negativa se fundamenta en la clasificación de los hechos imputados como «delitos políticos», según la legislación suiza, lo que impide brindar asistencia en este tipo de casos.
Contexto del Caso
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso de la República, la intervención de diversas instituciones del Estado y la instauración de un gobierno de excepción. Estas acciones fueron ampliamente consideradas como un intento de autogolpe de Estado, lo que llevó a su destitución por parte del Congreso y posterior detención.
En el proceso judicial iniciado en marzo de 2025, Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión y una reparación civil de 65 millones de soles.
Participación del Teniente Eder Infanzón
Eder Infanzón Gómez, teniente de la PNP, es uno de los oficiales acusados de participar en el intento de golpe de Estado. Declarado reo contumaz por no presentarse al juicio, su abogado informó que se encuentra en Suiza, aunque se desconoce su paradero exacto.
Respuesta de Suiza
Ante la solicitud de la Fiscalía peruana para obtener información sobre el estado migratorio y la permanencia de Infanzón en Suiza, las autoridades suizas respondieron negativamente. Argumentaron que los cargos atribuidos constituyen delitos políticos, y conforme al artículo 3, párrafo 1, de su Ley sobre Asistencia Judicial Penal Internacional, no están facultados para brindar cooperación en estos casos.
Implicancias para el Proceso Judicial
La decisión de Suiza representa un obstáculo significativo en el proceso judicial peruano, al limitar la capacidad de las autoridades para localizar y procesar a uno de los acusados clave. Además, plantea desafíos en la cooperación internacional en casos donde las interpretaciones legales difieren entre países.