Iniciativa legislativa en debate
En el Congreso de la República, se ha presentado un proyecto de ley que plantea la derogación del marco legal que dio origen a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La iniciativa legislativa, impulsada por la parlamentaria Patricia Chirinos, propone restituir las competencias sobre la gestión del transporte urbano a las municipalidades metropolitanas de Lima y del Callao.
¿Qué es la ATU y por qué se busca su eliminación?
La ATU fue creada en 2018 como un organismo técnico especializado encargado de planificar, regular y supervisar el transporte terrestre en Lima y Callao, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir la informalidad y promover un sistema de movilidad más integrado y moderno.
Sin embargo, la propuesta legislativa cuestiona la efectividad de esta entidad, alegando centralismo, duplicidad de funciones y una creciente burocracia. Se argumenta que el modelo de la ATU ha impedido a las autoridades locales ejercer un control directo sobre el transporte público en sus respectivas jurisdicciones.
Posibles implicancias de la propuesta
De aprobarse esta ley, las funciones de planificación, regulación y fiscalización del transporte urbano retornarían a las municipalidades, lo que representaría un giro radical en la política de movilidad urbana metropolitana. Las implicancias más relevantes incluyen:
- Fragmentación en la gestión del transporte: Se corre el riesgo de perder la coordinación integral entre Lima y Callao, lo que podría afectar la eficiencia del sistema.
- Debilitamiento de políticas de largo plazo: La reversión podría interrumpir proyectos en curso, como la ampliación de corredores viales y el fortalecimiento del transporte masivo.
- Incremento de informalidad: La ausencia de un ente técnico centralizado podría favorecer la proliferación de servicios informales y desorganizados.
- Desafío para la sostenibilidad urbana: La eliminación de la ATU comprometería los esfuerzos orientados a reducir la congestión vehicular y la contaminación.
Reacciones y debate político
Diversos sectores políticos y expertos en movilidad urbana han manifestado preocupación frente a esta propuesta. Se destaca la necesidad de evaluar con rigurosidad técnica las consecuencias de modificar la actual institucionalidad del transporte. Mientras algunos respaldan el retorno de competencias a los gobiernos locales, otros alertan sobre un posible retroceso en los avances logrados en planificación del transporte metropolitano.
