Madre e hija figuran como trabajadoras parlamentarias pese a restricciones legales
Una nueva denuncia ha puesto en el centro del debate público al Congreso de la República, luego de revelarse la contratación simultánea de una madre y su hija, ambas militantes del partido Alianza para el Progreso (APP), en cargos del Poder Legislativo. La situación genera cuestionamientos debido a que contravendría disposiciones legales que prohíben el ingreso de personas con vínculos familiares en ciertas circunstancias dentro de la administración estatal.
La joven, profesional en odontología, fue asignada a funciones administrativas en una comisión parlamentaria, pese a no contar con experiencia comprobada en el área. Su madre, por su parte, mantiene estrechos vínculos con la congresista Rosío Torres, con quien actualmente es investigada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores del despacho, en el conocido caso ‘mochasueldo’.
Alerta sobre posibles actos de nepotismo
El caso ha encendido las alertas sobre la presunta vulneración del principio de meritocracia en las contrataciones del Congreso. La coincidencia entre el vínculo familiar, la militancia partidaria y la asignación de cargos sin transparencia ni convocatoria pública ha motivado críticas por parte de especialistas en gestión pública y organizaciones civiles.
La Ley de Contrataciones del Estado y otras normas vigentes prohíben expresamente la contratación de familiares directos en condiciones que puedan configurar un conflicto de intereses, especialmente si existe una relación directa o indirecta con el congresista que auspicia o facilita la contratación.
Rosío Torres nuevamente bajo la lupa judicial
Esta nueva revelación agrava la situación judicial de la parlamentaria Rosío Torres, quien enfrenta una investigación preliminar por el presunto recorte sistemático de los sueldos de sus trabajadores, a cambio de mantenerlos en sus puestos. La Fiscalía busca determinar si las contrataciones vinculadas a militantes de APP responden a un patrón de favorecimiento político o encubrimiento de actividades irregulares.
Diversas voces han exigido que se inicien acciones inmediatas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, de confirmarse las infracciones a la normativa legal vigente.
Preocupación por la ética en la función pública
La contratación de personas ligadas familiar y políticamente a investigadas por corrupción representa un nuevo golpe a la imagen del Congreso, y evidencia las persistentes prácticas de clientelismo y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Organizaciones de la sociedad civil demandan mayor vigilancia y control externo sobre los procesos de selección de personal en el Parlamento, así como la implementación de medidas que fortalezcan la integridad institucional.
