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Presidente del JNE exhorta al Congreso a aprobar ley para sancionar a partidos políticos que infrinjan la normativa electoral

Iniciativa busca fortalecer la transparencia y la legalidad en el sistema político

En un contexto marcado por la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha hecho un llamado directo al Congreso de la República para que apruebe un proyecto de ley que permita sancionar a los partidos políticos que vulneren la normativa electoral vigente.

La propuesta, impulsada desde el ente electoral, propone introducir una excepción a la regla de intangibilidad normativa, que actualmente impide realizar cambios a las reglas electorales una vez convocado un proceso. Según el titular del JNE, se trata de una excepción específica y necesaria para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de las organizaciones políticas.

Objetivo: frenar conductas indebidas sin alterar el proceso electoral

El proyecto no busca modificar las condiciones de competencia electoral, sino garantizar mecanismos eficaces de sanción ante faltas graves, tales como el incumplimiento de normas sobre financiamiento partidario, uso indebido de recursos públicos o falta de transparencia en la rendición de cuentas.

Para el JNE, contar con una herramienta legal que permita sancionar a tiempo estas irregularidades es clave para preservar la equidad electoral y evitar que prácticas indebidas distorsionen la voluntad popular.

Retos legislativos: debate urgente en el Congreso

La aprobación de esta propuesta depende del respaldo del Parlamento, que deberá evaluar la conveniencia de aplicar esta medida a puertas de los próximos comicios. La discusión gira en torno al equilibrio entre la seguridad jurídica del proceso electoral y la necesidad de una respuesta oportuna ante infracciones por parte de las agrupaciones políticas.

La propuesta también plantea criterios claros para evitar arbitrariedades, como la existencia de procedimientos administrativos previos y el respeto al debido proceso.

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