ANTECEDENTES DEL CASO
La controversia en torno a la presidenta Dina Boluarte sigue escalando. Mario Cabani, reconocido cirujano plástico, ha señalado públicamente que la mandataria le envió una carta con el propósito de exigirle que se abstenga de declarar ante los medios sobre intervenciones quirúrgicas supuestamente realizadas a ella. Este documento, según reveló el propio médico, habría sido una forma directa de intimidación para acallar cualquier versión no oficial sobre los procedimientos médicos relacionados con la jefa de Estado.
DENUNCIAS DEL CIRUJANO
Mario Cabani no solo ha denunciado la existencia de esta carta intimidatoria, sino que también ha afirmado haber sido víctima de presiones, amenazas y hostigamiento. Según su testimonio, estas acciones provendrían de círculos cercanos al poder presidencial, como represalia por sus declaraciones. El médico asegura que sus palabras se han basado únicamente en hechos médicos y que su intención no ha sido política, sino esclarecer irregularidades que podrían comprometer la transparencia institucional.
HISTORIA CLÍNICA BAJO SOSPECHA
Uno de los aspectos más delicados de esta situación es el presunto retiro de parte de la historia clínica de Boluarte de una clínica privada, aparentemente sin los procedimientos administrativos adecuados. Cabani ha manifestado que este documento fue sustraído sin autorización y que, hasta la fecha, no ha sido devuelto al centro de salud. Este hecho podría constituir una falta grave en el manejo de documentación médica, regulado por normas estrictas de confidencialidad y trazabilidad.
IMPLICANCIAS LEGALES Y POLÍTICAS
De comprobarse estas denuncias, la presidenta podría enfrentar nuevos cuestionamientos, no solo desde el punto de vista ético, sino también en el plano legal. El retiro irregular de documentos médicos, el uso del cargo para presionar a ciudadanos y la falta de transparencia podrían sumar más elementos a una imagen presidencial ya debilitada por diversos escándalos. Además, el caso podría abrir un nuevo frente judicial si se inicia una investigación formal sobre el manejo de información clínica personal por parte de funcionarios del Ejecutivo.
