Hechos Judiciales
El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, continuará cumpliendo prisión preventiva luego de que el Poder Judicial rechazara el recurso presentado por su defensa para dejar sin efecto la medida que lo mantiene recluido. La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró infundado el pedido en el marco del juicio oral que se le sigue por el presunto delito de rebelión.
La solicitud de la defensa había sido fundamentada en supuestas irregularidades en el proceso fiscal y en la alegación de que no existen elementos suficientes para justificar su permanencia en prisión. Sin embargo, el tribunal consideró que aún subsisten los riesgos procesales que justificaron la detención inicial, como el peligro de fuga y la posible obstrucción de la justicia.
Contexto del Proceso
Pedro Castillo es investigado por su intento de disolver el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, hecho que fue calificado por el Ministerio Público como un intento de golpe de Estado. Tras su detención inmediata ese mismo día, se dictó en su contra una medida de prisión preventiva, inicialmente por 18 meses y posteriormente ampliada, mientras se desarrollaban las investigaciones.
Durante las audiencias del juicio oral, la Fiscalía ha presentado diversos elementos para sustentar que Castillo buscó alterar el orden constitucional con apoyo de altos funcionarios y miembros de su entorno político cercano.
Argumentos de la Defensa
El equipo legal del exmandatario sostuvo que la acusación por rebelión no se encuentra debidamente acreditada y que su cliente debería afrontar el proceso en libertad. Además, cuestionaron la imparcialidad de los fiscales que intervienen en el caso, señalando una supuesta motivación política detrás de las imputaciones.
A pesar de estos alegatos, el Poder Judicial concluyó que la gravedad del delito imputado y el contexto en el que se produjo justifican la continuidad de la medida restrictiva.
Implicancias Políticas y Jurídicas
La decisión reafirma la línea institucional adoptada frente al intento de ruptura del orden democrático en el país, y representa un mensaje de firmeza del Poder Judicial en la defensa del estado de derecho. A su vez, consolida la continuidad del proceso penal que busca establecer las responsabilidades individuales del expresidente y de quienes habrían colaborado con la maniobra.
Por otro lado, la permanencia de Castillo en prisión mantiene su alejamiento del debate político, aunque sus seguidores continúan exigiendo su liberación y denuncian una supuesta persecución judicial.
