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PNP y FFAA intensifican lucha contra la minería ilegal en Pataz: destruyen 17 minas y 10 plantas procesadoras

Operativo de alto impacto en La Libertad

Entre el 17 y el 20 de mayo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron una contundente operación contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad. La acción conjunta logró la destrucción de 17 minas ilegales y 10 plantas procesadoras de oro, localizadas en zonas de difícil acceso donde operaban organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita de recursos.

Zona bajo tensión por violencia criminal

La intervención se desarrolló en un contexto de alta inseguridad, cerca del área donde recientemente fueron asesinados 13 trabajadores de seguridad privada. Este antecedente encendió las alarmas del Estado, motivando una respuesta estratégica orientada no solo a erradicar actividades ilícitas, sino también a recuperar el control territorial frente a redes criminales altamente organizadas.

Millonarias pérdidas para la minería ilegal

Durante el operativo se hallaron vehículos, maquinaria pesada, generadores eléctricos, sistemas de ventilación y otras herramientas utilizadas en la explotación aurífera ilegal. Todo este equipamiento fue destruido in situ y su valor conjunto asciende a aproximadamente 56.7 millones de soles, lo que representa un golpe económico significativo contra las mafias que operan en la zona.

Coordinación interinstitucional

La operación fue posible gracias a la articulación de la PNP, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas, así como las Fuerzas Armadas. El despliegue de unidades especializadas demuestra la decisión del Gobierno de enfrentar con firmeza los delitos ambientales y proteger la vida de los trabajadores y comunidades afectadas por la minería informal y delictiva.

Compromiso con el orden y la legalidad

Este tipo de intervenciones no solo buscan frenar la minería ilegal, sino también sentar un precedente sobre la necesidad de formalizar la actividad minera dentro del marco legal, garantizando prácticas sostenibles y respetuosas del medio ambiente. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con estas acciones hasta recuperar plenamente la seguridad y la legalidad en todas las zonas afectadas.

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