El Congreso de la República del Perú ha sido nuevamente objeto de cuestionamientos públicos tras revelarse que, actualmente, cada congresista cuenta en promedio con 28 trabajadores asignados, entre personal de confianza, asesores y técnicos. Esta situación ha generado debate por el uso de recursos públicos en un contexto económico nacional que exige austeridad y eficiencia.
Crecimiento sostenido del aparato administrativo
Según los registros del Parlamento, el número de trabajadores del Congreso ha venido aumentando de manera progresiva en los últimos periodos legislativos. Esta tendencia se refleja en la contratación de personal adicional, no solo en los despachos congresales, sino también en áreas administrativas y logísticas.
Aunque cada legislador tiene derecho a conformar su equipo de trabajo, analistas advierten que el crecimiento de la planilla no siempre se traduce en mejoras sustanciales en la producción legislativa ni en el servicio que el Congreso brinda a la ciudadanía.
Uso de recursos públicos bajo la lupa
Este incremento en la cantidad de trabajadores implica también una carga considerable sobre el presupuesto institucional. El Congreso cuenta con una partida anual que cubre remuneraciones, bonificaciones, servicios y otros beneficios laborales para todo su personal. La elevada proporción de trabajadores por legislador ha llevado a diversos sectores a exigir una revisión del uso de estos recursos, en línea con criterios de racionalidad y transparencia.
Asimismo, se ha puesto en tela de juicio el perfil de algunos contratados, debido a denuncias sobre presuntos casos de contrataciones por vínculos políticos o personales, más que por méritos técnicos o profesionales.
Reacciones desde la ciudadanía y propuestas de reforma
El crecimiento de la planilla ha generado malestar en sectores de la ciudadanía, que cuestionan que mientras se exigen sacrificios a otros poderes del Estado y entidades públicas, el Legislativo mantenga estructuras sobredimensionadas sin rendir cuentas claras sobre su eficiencia.
Frente a este panorama, se han reactivado propuestas de reforma parlamentaria que incluyen la reducción de personal, la estandarización de criterios para contrataciones y la implementación de mecanismos de evaluación del rendimiento de los equipos congresales.
