Una nueva controversia política sacude al Ejecutivo tras la presentación de una denuncia constitucional por parte de la congresista Ruth Luque, quien solicita la inhabilitación por diez años para ejercer función pública contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. El motivo: la promulgación del Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, norma que introduce cambios al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), permitiendo su transmisión por herencia.
¿Qué es el Reinfo y por qué genera polémica?
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado como una herramienta transitoria para que pequeños mineros y mineros artesanales se incorporen progresivamente a la legalidad, cumpliendo requisitos ambientales, técnicos y sociales. Sin embargo, el Decreto Supremo emitido en mayo de este año ha generado fuertes críticas, ya que plantea la posibilidad de que el registro sea transferido por herencia, como si se tratara de un bien patrimonial.
Expertos y parlamentarios consideran que esta medida desnaturaliza el objetivo del Reinfo, favoreciendo prácticas informales y perpetuando la explotación minera al margen de la ley. Además, alertan que podría abrir la puerta a la consolidación de mafias mineras que operan ilegalmente bajo la fachada de pequeños productores.
Denuncia constitucional y consecuencias legales
La parlamentaria Ruth Luque, representante de la bancada de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, formalizó la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En el documento, se argumenta que la presidenta y el titular del Minem habrían incurrido en infracción a la Constitución, al aprobar una norma que contraviene el interés público y vulnera principios de legalidad y transparencia.
De ser admitida y eventualmente aprobada la denuncia, Boluarte y Montero podrían ser inhabilitados por hasta diez años para ejercer cualquier función pública. Esta sanción implicaría, además, una grave crisis política en un contexto ya marcado por la desconfianza ciudadana y el descontento social frente a las decisiones del Ejecutivo.
Reacciones en el ámbito político y social
La medida ha polarizado el escenario político. Mientras un sector del Congreso exige una revisión urgente del decreto y sanciones ejemplares, desde el Ejecutivo se ha defendido la legalidad de la norma, argumentando que busca brindar estabilidad a las familias que dependen de la pequeña minería.
Por su parte, organizaciones ambientalistas, colectivos ciudadanos y comunidades afectadas por la minería informal han manifestado su preocupación ante lo que consideran una «legalización disfrazada de la ilegalidad», que podría tener consecuencias irreversibles en términos sociales y ecológicos.
Panorama incierto para la gobernabilidad
El caso Reinfo se suma a una serie de cuestionamientos al gobierno de Dina Boluarte en materia de políticas públicas, transparencia y lucha contra la minería ilegal. Con la denuncia ahora en trámite, el Congreso tendrá en sus manos la responsabilidad de evaluar una decisión de gran impacto político y jurídico.
En tanto, diversos sectores de la sociedad civil ya han anunciado movilizaciones para exigir la derogatoria del decreto y la adopción de medidas más firmes contra la minería informal en el país.
