HECHOS PRINCIPALES:
En un giro significativo dentro de las investigaciones relacionadas con documentos oficiales del Ejecutivo, el perito grafo-técnico Julio Espejo Quevedo ha ratificado que la firma estampada en una carta simple atribuida a la presidenta de la República, Dina Boluarte, no corresponde a su trazo original. El documento en cuestión está vinculado al Decreto Supremo N.º 017-2023-SA, que se relaciona con disposiciones sanitarias emitidas durante su gobierno.
Según el análisis especializado, la rúbrica no proviene del puño gráfico de la mandataria, lo que sugiere que fue realizada por otra persona. El perito declaró de manera contundente que “alguien la hizo, pero no fue ella”, lo que ha generado un fuerte impacto tanto en el ámbito político como jurídico.
IMPLICANCIAS POLÍTICAS Y LEGALES:
Este nuevo hallazgo podría tener repercusiones institucionales y penales, ya que la falsificación de una firma en un documento de carácter oficial representa un presunto delito contra la fe pública y, en este contexto, podría derivar en investigaciones por suplantación, falsificación y uso indebido de documentos oficiales.
Además, esta situación pone en tela de juicio los protocolos de autenticación y validación de documentos en la Presidencia de la República, generando preocupación sobre la seguridad administrativa y la transparencia en la emisión de decretos supremos.
CONTEXTO GENERAL:
El Decreto Supremo N.º 017-2023-SA fue publicado en el marco de políticas públicas vinculadas a la gestión del sector salud. A raíz de cuestionamientos previos sobre la documentación presentada por la presidenta, se solicitó una verificación técnica, lo que ha derivado en este peritaje grafológico revelador.
La controversia surge en un momento de alta tensión política y cuestionamientos a la legitimidad de ciertas acciones del Ejecutivo, lo que podría agudizar la crisis de confianza entre la ciudadanía y el gobierno.
PERSPECTIVAS Y REACCIONES:
Diversos sectores del Congreso y organizaciones de la sociedad civil han solicitado una aclaración inmediata de los hechos por parte de la presidenta Boluarte y la activación de los canales institucionales pertinentes para investigar el caso. También se ha exigido transparencia en la cadena de custodia de los documentos oficiales y una auditoría completa de otros decretos emitidos durante el mismo periodo.
