Graves advertencias desde el penal de Barbadillo
El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, denunció públicamente que la ex primera ministra Betssy Chávez estaría recibiendo amenazas de muerte dentro del Penal de Mujeres de Chorrillos. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, expresó su preocupación por la seguridad e integridad de Chávez, indicando que su vida “corre peligro” si no se adoptan medidas urgentes de protección.
Señalamientos sobre condiciones carcelarias
Castillo respaldó las recientes denuncias realizadas por la propia Betssy Chávez, quien habría reportado cobros ilegales por el acceso a celdas, restricciones selectivas a las visitas y una presunta estructura de hostigamiento hacia determinadas internas. Según lo manifestado por el exmandatario, estas prácticas constituyen actos de corrupción y vulneran derechos fundamentales.
El expresidente exigió a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al sistema de justicia garantizar la integridad física y emocional de la exjefa del Gabinete, advirtiendo que cualquier atentado contra su vida recaería en responsabilidad del Estado.
Reacciones y situación judicial
La denuncia de Pedro Castillo se suma al complejo contexto legal en el que se encuentra Chávez, quien afronta cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su permanencia en el penal de Chorrillos ha sido marcada por tensiones internas y reclamos por tratos discriminatorios.
Diversos sectores de la opinión pública y defensores de derechos humanos han solicitado que se investigue lo expuesto y se verifique la situación real dentro del centro penitenciario. También han llamado a evitar que este tipo de casos queden impunes o sean minimizados por su carácter político.
Llamado a la vigilancia institucional
Las declaraciones de Pedro Castillo reavivan el debate sobre la situación en los penales del país, especialmente en lo que respecta a las condiciones de seguridad de internas vinculadas a casos de alto perfil. En este sentido, se ha instado a las instituciones competentes a actuar con transparencia, firmeza y respeto a los derechos fundamentales.
