Contexto electoral y denuncias de irregularidades
A medida que se acercan las elecciones generales de 2026 en Perú, diversas organizaciones políticas han sido señaladas por presentar firmas falsas y afiliaciones indebidas para lograr su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Estas prácticas fraudulentas han generado preocupación en la ciudadanía y en las autoridades electorales, al evidenciar debilidades en los mecanismos de verificación y control durante el proceso de inscripción de partidos.
Limitaciones legales impiden sanciones inmediatas
El marco normativo actual establece que las inscripciones partidarias solo pueden ser anuladas dentro de un plazo de dos años desde su aprobación. Dado que muchas de estas inscripciones se realizaron antes de 2024, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrenta restricciones legales para aplicar sanciones a tiempo. El especialista en temas electorales José Tello ha señalado que, aunque jurídicamente es viable anular inscripciones fraudulentas, el tiempo requerido para realizar pericias grafotécnicas y otras pruebas supera los plazos establecidos, lo que impide actuar antes de los comicios de 2026.
Propuestas de reforma para fortalecer la fiscalización
Ante esta situación, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ha anunciado la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República. Esta iniciativa busca otorgar al JNE la facultad de suspender, cancelar o declarar nula la inscripción de organizaciones políticas que hayan incurrido en prácticas fraudulentas, como la presentación de firmas falsas o afiliaciones indebidas. El proyecto también propone responsabilizar no solo a los personeros legales, sino también a los dirigentes y fundadores de los partidos involucrados.
Reacciones y expectativas ciudadanas
La propuesta del JNE ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad civil y partidos políticos que exigen una mayor transparencia en el proceso electoral. Sin embargo, se reconoce que, debido a las limitaciones legales actuales, estas reformas no podrán aplicarse a las elecciones de 2026, pero sí podrían prevenir irregularidades en futuros procesos electorales.
