Nueva directiva interna limita comunicación con medios de comunicación
El Congreso de la República ha emitido una nueva disposición interna que ha generado controversia y preocupación entre trabajadores y sectores defensores de la transparencia. El Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno, ha ordenado que ningún trabajador del Congreso podrá brindar declaraciones a la prensa sin una autorización expresa, amparándose en el Reglamento Interno de Trabajo de la institución.
La medida fue comunicada formalmente a través de una circular que establece la prohibición general de emitir declaraciones, opiniones o información relacionada con las actividades del Parlamento, salvo autorización específica de la Oficina de Comunicaciones o del propio Oficial Mayor.
Justificación institucional: preservar la confidencialidad
Desde la administración parlamentaria se sostiene que esta medida busca proteger la confidencialidad de los procesos internos y garantizar la unidad de los mensajes institucionales. Se alega que es necesario mantener un canal de comunicación oficial, especialmente en un contexto político sensible, donde cualquier información malinterpretada podría afectar la imagen del Congreso o generar confusión en la ciudadanía.
Sin embargo, no se ha precisado si esta disposición es de carácter temporal o permanente, ni cuáles serían las sanciones para los trabajadores que la infrinjan.
Reacciones divididas frente a la medida
La decisión ha despertado críticas en diversos sectores, quienes advierten que esta restricción podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos. Algunos analistas consideran que esta medida puede ser vista como un intento de blindaje institucional en momentos en que se incrementa la fiscalización de la opinión pública y los medios de comunicación sobre el accionar del Parlamento.
Por otro lado, algunos defensores de la medida consideran que es razonable establecer límites comunicacionales al personal administrativo, en la medida que representan a una entidad del Estado y manejan información de interés nacional.
Transparencia en cuestión
La restricción llega en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. Diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que limitar el acceso a fuentes dentro del Congreso podría afectar el derecho de la ciudadanía a estar informada de lo que ocurre dentro de la primera institución del Estado.
Se espera que en los próximos días, representantes de los gremios de trabajadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronuncien al respecto, solicitando precisiones o incluso la revisión de la medida adoptada.
