Cambio de enfoque legal busca frenar impunidad en actos delictivos cometidos por adolescentes
En el marco de una creciente preocupación social por el aumento de la delincuencia juvenil, ha sido presentada una propuesta que plantea una reforma al tratamiento penal de menores de edad, permitiendo que aquellos que cometan delitos graves sean juzgados y sancionados como adultos.
El debate ha tomado fuerza tras recientes hechos delictivos protagonizados por adolescentes, que han evidenciado el uso de su condición de menores como una supuesta «zona de impunidad». Esta situación ha generado alarma en la ciudadanía y motivado a diversos sectores a exigir una respuesta firme y proporcional del sistema de justicia.
Propuesta busca equilibrio entre derechos del menor y la protección de la sociedad
El constitucionalista Fernán Altuve, en el marco de esta discusión, ha planteado medidas concretas que buscan armonizar el respeto a los derechos del menor con la necesidad de sancionar con rigor conductas delictivas graves, como homicidios, violaciones, sicariato y crímenes organizados. La premisa central es que la minoría de edad no debe convertirse en una excusa jurídica para eludir la justicia.
Según esta propuesta, no se trataría de criminalizar indiscriminadamente a los adolescentes, sino de establecer criterios excepcionales y objetivos, como la edad, la naturaleza del delito y la reincidencia, para aplicar sanciones similares a las de adultos cuando se evidencie una alta peligrosidad.
Implicancias jurídicas y sociales del cambio normativo
Este enfoque plantea importantes retos constitucionales, dado que implica modificar principios tradicionales del derecho penal juvenil, como la finalidad educativa de la sanción y la progresividad de las penas. Sin embargo, sus impulsores argumentan que la legislación debe adaptarse a nuevas realidades criminales, en las que organizaciones delictivas utilizan a menores como instrumentos para delinquir, aprovechando su aparente inimputabilidad.
Asimismo, se ha puesto énfasis en la urgencia de implementar políticas preventivas, educativas y de rehabilitación paralelas a las reformas punitivas, para evitar que esta medida se convierta en una solución meramente represiva.
