El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, destacó recientemente la implementación de grilletes electrónicos como una herramienta fundamental para enfrentar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Esta medida busca modernizar el sistema penitenciario y garantizar una administración más eficiente de las penas alternativas a la prisión efectiva.
Una estrategia frente al colapso del sistema penitenciario
El hacinamiento carcelario es uno de los problemas estructurales más graves del sistema de justicia penal en el Perú. Con más de 90 mil internos y una capacidad instalada que bordea los 40 mil, el país enfrenta una crisis que afecta tanto a la seguridad como a la rehabilitación efectiva de los privados de libertad.
En ese contexto, el Ministerio de Justicia considera que el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, como los grilletes, permitirá monitorear a personas con condenas menores o en prisión preventiva sin necesidad de reclusión física, contribuyendo a descongestionar los penales y reduciendo costos operativos para el Estado.
Modernización y respeto a los derechos humanos
La implementación de esta tecnología responde también a un enfoque de reinserción social y respeto a los derechos fundamentales, pues permite que ciertos sentenciados cumplan sus condenas bajo supervisión, pero sin perder por completo su vínculo con el entorno laboral o familiar. Este modelo ya se ha probado con éxito en otros países de la región y busca replicarse de manera progresiva en el Perú.
El ministro Arana indicó que el objetivo es ampliar su uso, priorizando casos que no representen peligro para la sociedad, como delitos menores, y garantizando un estricto sistema de control digital y georreferenciado que permita el seguimiento constante de los beneficiarios del programa.
Una inversión en seguridad y justicia
Desde el Ministerio de Justicia se ha señalado que esta medida no solo es humanitaria, sino también estratégica. El uso de grilletes electrónicos reduce significativamente los costos del sistema penitenciario, al evitar el ingreso de nuevos internos y limitar la necesidad de construir más centros de detención.
Asimismo, se subrayó que esta herramienta no sustituye la función judicial, sino que actúa como un complemento al trabajo de jueces y fiscales, quienes deberán evaluar su aplicación caso por caso.
