Walter Astudillo aclara alcances constitucionales de esta medida excepcional
En medio del creciente debate sobre la inseguridad ciudadana en distintas regiones del país, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, rechazó la posibilidad de aplicar un estado de sitio como medida de respuesta. Según explicó, esta figura jurídica solo puede activarse bajo circunstancias específicas definidas por la Constitución Política del Perú.
Condiciones estrictas para su aplicación
Durante declaraciones brindadas a la prensa, el titular del sector Defensa enfatizó que el estado de sitio es una medida excepcional que solo puede implementarse en dos contextos concretos: cuando existe una situación de guerra o cuando el orden interno ha colapsado de manera generalizada. Astudillo dejó en claro que, si bien la criminalidad es una preocupación nacional, no se cumplen los requisitos necesarios para declarar dicho estado.
La aclaración responde a diversas voces que, desde el ámbito político y ciudadano, han solicitado acciones más drásticas para hacer frente al incremento de delitos como el sicariato, la extorsión y el tráfico de armas en varias regiones del país.
Prioridad en estrategias integrales y trabajo intersectorial
El ministro también reafirmó el compromiso del Gobierno en fortalecer las acciones coordinadas entre las fuerzas del orden, el Ministerio del Interior y las autoridades regionales y locales. Señaló que la lucha contra la delincuencia requiere de una estrategia integral que combine inteligencia operativa, control territorial, modernización policial y participación ciudadana.
Asimismo, subrayó que la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana debe realizarse siempre dentro del marco constitucional, y de manera complementaria a las labores policiales, no como reemplazo.
Llamado a la calma y al respeto del orden democrático
Finalmente, Astudillo hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse llevar por propuestas radicales que podrían poner en riesgo derechos fundamentales. Reiteró que el Gobierno está trabajando para recuperar la seguridad en las calles sin comprometer las libertades democráticas ni el debido proceso legal.
