Expresidente rechaza acusaciones fiscales
El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció enérgicamente luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva en su contra. Según el exmandatario, este pedido forma parte de una campaña de “persecución política” destinada a silenciar su participación en el escenario nacional, especialmente en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y figuras de oposición.
Antecedentes judiciales: Casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
La solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía está relacionada con los presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Las investigaciones se centran en los casos «Lomas de Ilo» y «Hospital de Moquegua», en los que se le acusa de haber recibido sobornos a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras públicas. Según los fiscales, existen elementos suficientes que justificarían una medida restrictiva para evitar un eventual riesgo de fuga u obstrucción de la justicia.
Vizcarra se defiende y afirma motivaciones políticas
En respuesta, Vizcarra negó tajantemente todas las acusaciones, asegurando que no existen pruebas concluyentes en su contra. Señaló además que este tipo de medidas judiciales buscan desacreditarlo políticamente y evitar su regreso a la vida pública. “Es evidente que este proceso tiene una intención de silenciarme”, declaró, añadiendo que continuará defendiendo su inocencia ante las instancias correspondientes.
Contexto político y reacciones
El pedido de prisión preventiva ha reactivado el debate sobre la judicialización de la política en el país. Diversos analistas han señalado que, si bien es fundamental que se investiguen actos de corrupción, también debe evitarse que el sistema judicial sea utilizado con fines de persecución o represalia política. Al mismo tiempo, sectores de la ciudadanía exigen que todos los líderes que han ocupado cargos públicos rindan cuentas con transparencia.
Panorama legal por definirse
En los próximos días, el Poder Judicial deberá decidir si acepta o no el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario. La resolución marcará un punto decisivo en la situación jurídica de Martín Vizcarra, quien ya enfrenta otras investigaciones pendientes, incluidas las relacionadas con su periodo presidencial.
