Antecedente judicial
La situación legal de la excongresista y ex primera ministra Betssy Chávez continúa agravándose. En el marco del juicio oral que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha iniciado un proceso disciplinario en su contra por negarse a participar en una reciente audiencia judicial.
Hecho reportado
Chávez, actualmente recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, fue convocada a una audiencia virtual como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, la procesada no accedió a conectarse desde el establecimiento penitenciario, alegando motivos personales y cuestionando, a través de su defensa, la imparcialidad del proceso.
Acciones del INPE
Ante este comportamiento, el INPE activó el protocolo interno y dio inicio a un proceso disciplinario por una presunta falta de cooperación con la administración de justicia. La institución señaló que el respeto a la programación judicial es obligatorio para todas las internas, sin excepción, y que se adoptarán las medidas necesarias conforme al reglamento penitenciario vigente.
Reacciones y repercusiones
La inasistencia de Chávez ha sido interpretada por diversas voces políticas como un acto de desacato y como una estrategia dilatoria. Por su parte, su defensa legal sostiene que no se están garantizando los derechos fundamentales de su patrocinada, y ha solicitado garantías para un juicio justo.
Mientras tanto, la opinión pública se mantiene dividida. Algunos sectores exigen celeridad en el proceso y sanciones ejemplares en caso de hallarse responsabilidad, mientras que otros observan con preocupación el desarrollo del juicio por la carga política que rodea al caso.
Panorama legal de Chávez
Betssy Chávez se encuentra procesada junto a otros exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo, en una causa que investiga su rol durante los hechos que precedieron el fallido intento de disolución del Congreso. El Poder Judicial ha determinado que existían indicios suficientes para abrir un juicio oral en su contra, lo que actualmente mantiene su libertad restringida y en calidad de procesada penal.
