Presencia constante en el Legislativo
Dirigentes de organizaciones que agrupan a mineros informales, como la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú), la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz), han realizado más de un centenar de visitas al Congreso de la República. Estas reuniones, registradas oficialmente, evidencian una estrategia de acercamiento al poder legislativo para influir en decisiones relacionadas con la formalización minera.
Ampliaciones sucesivas del Reinfo
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2012 con el objetivo de regularizar la minería informal, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. La más reciente ampliación, aprobada por el Congreso en noviembre de 2024, extendió su vigencia hasta junio de 2025, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses mediante decreto supremo. Críticos del Reinfo señalan que estas extensiones han permitido que mineros sin cumplir los requisitos legales continúen operando en condiciones irregulares, facilitando la expansión de la minería ilegal y asociada al crimen organizado.
Críticas y cuestionamientos
Diversas voces, tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil, han cuestionado la efectividad del Reinfo. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, calificó la última ampliación como una «mala decisión», especialmente tras la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, atribuida a bandas vinculadas a la minería ilegal. Asimismo, la Compañía Minera Poderosa ha señalado que el Reinfo «sirve de manto protector para mineros ilegales», permitiendo que operen con impunidad bajo la apariencia de formalización.
Implicancias políticas
La influencia de los gremios de mineros informales en el Congreso ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la falta de voluntad política para enfrentar la minería ilegal de manera efectiva. La presencia constante de estos dirigentes en el Legislativo y su capacidad para incidir en decisiones clave ponen en evidencia la necesidad de una revisión profunda del proceso de formalización minera y de las relaciones entre el poder político y los actores de la minería informal.
