Contexto nacional
En un paso significativo hacia la protección y empoderamiento de las mujeres, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un dictamen que busca fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia. Este proyecto de ley representa un esfuerzo concreto por vincular la recuperación social con la autonomía económica, un aspecto fundamental en los procesos de reintegración y superación personal.
¿En qué consiste la propuesta?
La iniciativa contempla un sistema de incentivos tributarios dirigidos a las empresas privadas que contraten a mujeres que han sido afectadas por situaciones de violencia, incluyendo violencia familiar, sexual o de género. Estas compañías podrían acceder a deducciones en el impuesto a la renta, siempre que el contrato laboral tenga un plazo mínimo y cumpla con los derechos laborales establecidos.
La propuesta también plantea un registro oficial de mujeres beneficiarias, coordinado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y articulado con el Ministerio de Trabajo, para garantizar una adecuada fiscalización y transparencia en el uso de los beneficios.
Importancia para el desarrollo local y regional
En regiones como Lima provincias y, particularmente, en la provincia de Huaura, donde se registran altos índices de violencia familiar y una creciente demanda por oportunidades laborales inclusivas, esta medida puede marcar una diferencia. Brindar empleo formal a mujeres en situación de vulnerabilidad no solo fortalece la economía local, sino que también aporta a la cohesión social y a la reducción de la desigualdad.
Reacciones y próximos pasos
Diversos sectores sociales y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han saludado la medida, considerándola un avance en la lucha contra la violencia de género. No obstante, también han advertido que será clave asegurar mecanismos de control para evitar la informalidad, la revictimización o el uso indebido del beneficio por parte de empresas.
El dictamen ahora deberá ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso. De concretarse, se convertirá en una herramienta legal con impacto directo en la vida de miles de mujeres peruanas.
