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Gobierno ordena liberar carreteras bloqueadas por mineros artesanales sin uso de la fuerza

Premier Arana se pronuncia sobre protestas mineras

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció este lunes sobre los recientes bloqueos de vías registrados en diversas regiones del país por parte de mineros artesanales e informales, quienes exigen una nueva ampliación del plazo para completar su proceso de formalización. Ante esta situación, el premier informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene la instrucción de liberar las carreteras tomadas, pero sin recurrir al uso de la fuerza.

Según Arana, el Gobierno ha sido tolerante y ha ofrecido suficientes oportunidades para que los mineros se adecúen al proceso de formalización. No obstante, enfatizó que no se puede permitir que medidas de fuerza vulneren el libre tránsito ni afecten los derechos de terceros.

Rechazo a nuevas prórrogas para formalización

El jefe del gabinete ministerial manifestó su desacuerdo con los reclamos que exigen más plazos, recordando que durante varios años se han otorgado sucesivas ampliaciones para cumplir con los requisitos exigidos por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Arana sostuvo que muchos de los actuales manifestantes han tenido tiempo suficiente para adecuarse a las normativas, y consideró que algunas de estas movilizaciones están siendo motivadas por intereses políticos o económicos que desnaturalizan la verdadera formalización.

Situación en regiones y acciones del Ejecutivo

En las últimas semanas, distintos puntos del país han experimentado bloqueos, especialmente en zonas donde la minería informal tiene fuerte presencia. Las acciones de protesta han afectado el tránsito de personas y mercancías, generando malestar en la población local y preocupación en sectores productivos.

Frente a esta situación, el Ejecutivo ha reafirmado su disposición al diálogo, pero también ha advertido que se garantizará el principio de autoridad. En ese marco, la intervención de la PNP será de carácter disuasivo y se desarrollará bajo protocolos que prioricen la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

Un problema estructural aún sin resolver

La crisis por la formalización minera evidencia una vez más la necesidad de una política integral y efectiva que atienda tanto las demandas sociales como la legalidad en el uso de los recursos naturales. Mientras tanto, el gobierno busca equilibrar el orden público con el respeto a los derechos de quienes sí han avanzado en sus procesos de formalización, y evitar que grupos minoritarios paralicen al país por medio de la fuerza.

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