Ejecutivo da luz verde a medida estratégica
El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una herramienta clave que busca fortalecer la lucha del Estado peruano contra las operaciones ilícitas que afectan la economía y el sistema financiero nacional. A través de un decreto supremo, se estableció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la entidad encargada de liderar, coordinar y supervisar la implementación de esta política a nivel nacional.
Esta medida representa un paso significativo para reforzar los mecanismos institucionales frente al crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y otras fuentes de dinero ilícito que impactan negativamente en la gobernabilidad y el desarrollo del país.
Enfoque integral y articulado
La nueva política plantea un enfoque integral que articula la participación de diversas entidades del Estado, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. El objetivo es consolidar una estructura sólida de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos.
Además, se prevé la creación de estrategias regionales adaptadas a los distintos contextos territoriales, de modo que se logre una respuesta eficaz y coordinada desde todos los niveles de gobierno.
Objetivos al 2030
Entre los principales objetivos de esta política nacional figuran:
- Reducir los niveles de riesgo asociados al lavado de activos en sectores económicos vulnerables.
- Mejorar la capacidad de detección temprana de operaciones sospechosas mediante el uso de tecnología y el fortalecimiento de la inteligencia financiera.
- Fortalecer la respuesta penal y judicial, asegurando una mayor efectividad en las investigaciones y condenas por delitos relacionados.
- Promover la cooperación internacional, mediante el intercambio de información y el cumplimiento de estándares globales en la materia.
Estos objetivos se alinean con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que monitorea el cumplimiento de políticas antilavado a nivel mundial.
Implicancias para el desarrollo nacional
El fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos no solo tiene repercusiones en el ámbito legal o financiero, sino que es también una condición fundamental para garantizar la estabilidad económica, atraer inversiones y proteger los recursos públicos. La aplicación efectiva de esta política contribuirá a cerrar espacios a la economía informal y a prevenir la infiltración del crimen organizado en sectores estratégicos del país.
En regiones como Huacho, donde el desarrollo económico debe ir acompañado de mecanismos de control y transparencia, la implementación de esta política representa una oportunidad para consolidar una gestión pública libre de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
