Intervención fiscal por posible irregularidad
El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, realizó una diligencia de intervención en la sede de la Defensoría del Pueblo en Lima, en el marco de una investigación por la controvertida designación de Gino Ríos Patiño como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta acción tuvo como finalidad recabar documentación y evidencias que permitan esclarecer posibles irregularidades en el proceso llevado a cabo por la Comisión Especial encargada del nombramiento.
Antecedentes que generan controversia
La polémica se centra en que Gino Ríos, abogado de profesión y excongresista, fue nombrado recientemente como integrante de la JNJ a pesar de contar con una sentencia judicial por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico contra su exesposa, emitida por el Poder Judicial. Dicha situación ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos éticos y morales exigidos para integrar un organismo constitucional autónomo que tiene como misión garantizar la idoneidad de jueces, fiscales y otras autoridades del sistema de justicia.
Rol de la Comisión Especial bajo la lupa
La Comisión Especial que designó a Ríos está conformada por representantes de altas instituciones del Estado, y su actuación ahora es objeto de investigación. La fiscalía busca determinar si se vulneraron principios de debida diligencia en la revisión de los antecedentes del candidato o si existió algún tipo de omisión o negligencia que permitió su nombramiento pese a la inhabilitación moral implícita en su condena.
Reacciones institucionales y expectativa pública
Diversas voces del ámbito jurídico y político han expresado su preocupación por lo que consideran un atentado a la legitimidad institucional de la JNJ. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas han solicitado la nulidad del nombramiento y exhortan a las autoridades a actuar con firmeza para preservar la integridad del sistema de justicia.
La ciudadanía espera que las investigaciones fiscales avancen con celeridad y objetividad, a fin de garantizar transparencia en los procesos de selección de altos funcionarios, en especial cuando se trata de entes encargados de velar por la legalidad y la ética pública.
