Contexto de la Denuncia
La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y los exministros María Antonieta Alva Luperdi (Economía y Finanzas) y Víctor Zamora Mesía (Salud). La acusación se basa en presuntas irregularidades en la adquisición de 1.4 millones de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 durante el estado de emergencia sanitaria en marzo de 2020.
Detalles de la Acusación
Según la investigación fiscal, el 18 de marzo de 2020 se habría llevado a cabo una reunión en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la que participaron altos funcionarios y representantes de empresas privadas. En dicha reunión, se habría concertado la compra directa de pruebas rápidas, así como la emisión de normas que favorecían su uso en las políticas de salud pública, a pesar de que las recomendaciones internacionales priorizaban las pruebas moleculares. La Fiscalía sostiene que esta concertación generó un perjuicio económico al Estado peruano superior a los S/22 millones.
Implicados y Proceso Legal
La denuncia constitucional ha sido remitida al Congreso, que deberá evaluarla y, de ser procedente, remitirla a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su análisis. En paralelo, la Fiscalía informó que no se encontró mérito para presentar otra denuncia constitucional contra Vizcarra, Alva, Pilar Mazzetti y Gustavo Meza-Cuadra por presunta omisión de funciones en la gestión de compra de vacunas contra la COVID-19.
Repercusiones y Contexto Político
Esta denuncia se suma a otros procesos legales que enfrenta el expresidente Vizcarra, quien ya ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2031. La situación actual refleja la continua vigilancia y escrutinio sobre las acciones de los funcionarios públicos durante la gestión de la pandemia, así como la importancia de la transparencia y legalidad en las adquisiciones estatales en contextos de emergencia.
