Acusación constitucional en marcha
La Fiscalía de la Nación ha presentado una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y sus exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Félix Chero (Justicia) por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado desde el propio Palacio de Gobierno. La denuncia, formalizada ante el Congreso, se basa en indicios de entregas de dinero a familiares del exmandatario y a funcionarios cercanos.
Modus operandi y eje de la investigación
Según las investigaciones fiscales, los hechos se remontan al periodo en que Castillo ocupaba la presidencia, durante el cual se habrían concretado entregas sistemáticas de sumas de dinero en efectivo dentro de Palacio de Gobierno. Estos presuntos sobornos estarían vinculados a contratos estatales, especialmente en el sector Vivienda y Construcción, a través del programa Mi Vivienda, utilizado presuntamente como fachada para la canalización de recursos ilícitos.
Los fiscales sostienen que estas operaciones no solo habrían beneficiado a los ministros implicados, sino también a familiares directos del expresidente, entre ellos su esposa e hijos, quienes estarían incluidos en las líneas de investigación.
Consecuencias legales y políticas
Esta denuncia se suma a una serie de procesos en curso contra Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido de manera preventiva por su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. La figura legal utilizada en este caso es la de organización criminal, en la que el exmandatario habría tenido un rol central como líder y coordinador.
De prosperar la denuncia en el Parlamento, el Congreso podrá autorizar el enjuiciamiento de Castillo y los exministros involucrados, allanando el camino para un proceso judicial en sede penal.
Implicancias para la institucionalidad
Este nuevo escándalo vuelve a poner en entredicho la transparencia en los más altos niveles del poder político en el Perú. Además, alimenta la desconfianza ciudadana frente a las instituciones estatales, en particular respecto a la administración de programas sociales y de infraestructura, que deberían estar destinados a reducir brechas sociales, no a enriquecer ilegalmente a funcionarios.
