Investigación revela participación del sector privado en red de corrupción
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia informó que el 60 % de los involucrados en el caso Qali Warma serían empresarios vinculados al suministro de alimentos para dicho programa social. La revelación se dio tras una serie de acciones simultáneas ejecutadas en el marco de la investigación que viene desentrañando una presunta red de corrupción que operaba al interior del Estado.
Como parte del operativo, el Ministerio Público realizó 18 allanamientos en distintas regiones del país y logró la detención preliminar de seis personas implicadas directamente con los hechos investigados. Estos individuos estarían conectados con empresas proveedoras que, según la Fiscalía, habrían pagado sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos con el programa Qali Warma.
Qali Warma, en el centro de un nuevo escándalo
Qali Warma es uno de los principales programas sociales del Estado peruano, responsable de garantizar la alimentación de millones de niños y niñas en edad escolar. Sin embargo, en los últimos meses, ha sido objeto de investigaciones por supuestos actos de corrupción que comprometen tanto a proveedores como a servidores públicos.
Las indagaciones fiscales apuntan a un esquema en el cual representantes de empresas habrían realizado pagos ilegales a cambio de beneficios indebidos en procesos de licitación, aprobación de entregas y otros trámites administrativos. Estas prácticas no solo vulneran la normativa sobre contrataciones públicas, sino que también afectan directamente la calidad y la continuidad del servicio alimentario en los colegios.
Alcance del operativo fiscal
El fiscal Abia detalló que los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea en diversas viviendas y sedes empresariales. El objetivo fue recolectar evidencias que confirmen las conexiones entre los empresarios y los funcionarios implicados, así como rastrear el flujo de pagos ilícitos. Entre los detenidos se encuentran personas vinculadas a empresas proveedoras que operan desde hace años en contratos con el Estado.
La investigación, que continúa en curso, busca determinar la magnitud de la red y establecer responsabilidades penales por los delitos de colusión, cohecho y lavado de activos.
Reacción institucional y necesidad de reforma
Este nuevo caso de corrupción expone la fragilidad del sistema de control en programas sociales sensibles. La participación masiva de empresarios en actos ilícitos no solo representa una falta grave al principio de ética empresarial, sino que también refleja vacíos estructurales en la supervisión de los procesos de contratación pública.
Diversos sectores han solicitado una reforma urgente del sistema de adquisiciones estatales, además de una mayor vigilancia y auditoría en programas que manejan recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.
