Defensa legal reconoce alta probabilidad de condena y riesgo de fuga
El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, enfrenta un momento decisivo en su situación jurídica. En el marco del proceso que se le sigue por presuntos actos de corrupción durante su gestión, este viernes se llevará a cabo una audiencia en la que el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público.
Abogado defensor admite escenario adverso para Vizcarra
En declaraciones brindadas a un medio de alcance nacional, el abogado Benji Espinoza, integrante del equipo legal de Vizcarra, señaló que existen elementos suficientes que podrían llevar al juez a aceptar la solicitud de prisión preventiva. Espinoza reconoció que hay una «alta probabilidad de condena» y que, por ello, «se justificaría un riesgo de fuga», lo que fortalecería el argumento fiscal.
El Ministerio Público sostiene que el expresidente habría recibido sobornos vinculados a obras públicas, entre ellas proyectos de infraestructura en Moquegua, cuando se desempeñaba como gobernador regional. La fiscalía ha documentado testimonios y elementos financieros que podrían comprometerlo seriamente.
Posibles repercusiones políticas y jurídicas
La resolución judicial marcará un nuevo capítulo en el proceso contra Vizcarra, quien anteriormente ya fue inhabilitado políticamente por el Congreso y enfrenta múltiples investigaciones. De dictarse prisión preventiva, el expresidente podría ser recluido de manera provisional mientras se desarrolla el juicio en su contra.
Este hecho también reaviva el debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios públicos en el uso de los recursos del Estado y el impacto de la corrupción en la institucionalidad democrática. A su vez, se anticipa que la defensa apelará cualquier decisión adversa, lo que podría extender el proceso judicial por varios meses más.
Seguimiento institucional y opinión pública atenta
Diversos sectores políticos y de la sociedad civil han manifestado interés por el desenlace del caso, dado que se trata de uno de los exmandatarios con mayor protagonismo en los últimos años. Organismos de justicia y transparencia han instado a que el proceso se desarrolle con objetividad, imparcialidad y estricto respeto al debido proceso.
