Advertencia sobre prácticas irregulares
El constitucionalista y experto en asuntos parlamentarios, Rodolfo Reyna, ha encendido las alertas sobre una práctica que podría comprometer la ética pública y la transparencia en el Congreso de la República: las denominadas “donaciones amicales”. Según el especialista, se trataría de ayudas económicas realizadas por parlamentarios o a través de sus oficinas a personas de su entorno cercano, lo que podría configurar conflictos de interés o incluso actos de favorecimiento indebido.
Cuestionamientos al uso de recursos
Reyna expresó su preocupación sobre el uso de fondos o canales institucionales con fines aparentemente personales, enfatizando que, aunque se presenten como actos solidarios, estas acciones podrían esconder relaciones de poder o intercambio de favores. En este contexto, llamó a revisar el marco normativo que regula las actividades extracongresales de los parlamentarios, así como los mecanismos de fiscalización del uso de recursos públicos.
Implicancias legales y éticas
Desde el punto de vista jurídico, se advierte que este tipo de acciones podría vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el buen uso de la función pública y la prohibición de generar beneficios particulares a partir del cargo. Además, podrían abrir la puerta a investigaciones por presunto tráfico de influencias o malversación, si se comprobara que hubo recursos públicos involucrados o un interés político detrás de los actos.
Llamado a la transparencia y regulación
El experto recomendó establecer criterios claros en el Congreso para evitar ambigüedades que permitan este tipo de prácticas, incluyendo normas más estrictas sobre las relaciones entre funcionarios y ciudadanos vinculados a su entorno personal. Asimismo, resaltó la importancia de una supervisión más activa por parte de los órganos de control interno y externos, como la Contraloría General de la República.
Relevancia institucional
La advertencia llega en un momento de creciente escrutinio público sobre el comportamiento de los representantes parlamentarios y refuerza el llamado ciudadano a fortalecer la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de la función legislativa. La confianza en el Congreso —ya severamente erosionada por múltiples escándalos— requiere acciones concretas para prevenir nuevos cuestionamientos.
