Ministro de Justicia Eduardo Arana aclara que propuesta fue descartada oficialmente
El Gobierno peruano ha salido al frente para negar la existencia o puesta en marcha de un programa dominical conducido por la presidenta Dina Boluarte, luego de que días atrás se generara controversia por una iniciativa que fue interpretada como una estrategia de comunicación directa desde el Ejecutivo. El encargado de aclarar la situación fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien señaló que no existe ningún plan concreto ni aprobado para que la mandataria tenga un espacio televisivo propio.
Retroceso oficial ante cuestionamientos públicos
Las declaraciones del ministro Arana marcan un giro en la postura del Ejecutivo, ya que previamente se había difundido información que sugería que la presidenta evaluaba una plataforma semanal —tipo programa dominical— con el fin de “conectar directamente con la ciudadanía” y comunicar avances de su gestión. Sin embargo, diversos analistas, políticos y ciudadanos expresaron su preocupación, considerando que dicha propuesta podría representar una forma encubierta de propaganda estatal, con recursos públicos y en un contexto de baja aprobación presidencial.
Ante ello, el Ejecutivo decidió replantear la estrategia comunicacional y aclarar que no se desarrollará dicho formato.
Necesidad de transparencia en la comunicación gubernamental
Durante su pronunciamiento, el ministro de Justicia destacó que la actual administración continuará empleando canales oficiales e institucionales para informar a la población, pero sin adoptar formatos que puedan prestarse a la confusión o generar gastos innecesarios. Recalcó que el objetivo central debe ser garantizar la transparencia y el acceso a información pública, sin vulnerar principios democráticos ni desvirtuar la función del Ejecutivo.
Reacciones y análisis político
La propuesta inicial generó reacciones divididas. Mientras algunos la calificaban como un intento de mejorar la percepción ciudadana en un contexto de desaprobación, otros advirtieron que podría minar la autonomía de los medios de comunicación o utilizar el aparato estatal con fines políticos.
Con esta aclaración, el Ejecutivo intenta cerrar el debate y evitar nuevas fricciones en el frente político y mediático, en un momento donde la gobernabilidad se encuentra bajo constante evaluación pública.
