Antecedentes del conflicto
En medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (EFICCOP) expresó públicamente su oposición al eventual retorno de Patricia Benavides Vargas al cargo de fiscal de la Nación. La exfiscal se encuentra investigada por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad durante su gestión, lo que ha generado un amplio debate sobre su idoneidad para retomar funciones en el más alto despacho del Ministerio Público.
Pronunciamiento de EFICCOP
A través de un comunicado, los fiscales de EFICCOP manifestaron que permitir la reincorporación de Patricia Benavides a la jefatura del Ministerio Público vulneraría los principios de transparencia, imparcialidad e independencia en la administración de justicia. Señalaron que su presencia al mando podría afectar la legitimidad de las investigaciones fiscales en curso y debilitar la lucha contra la corrupción dentro del propio sistema judicial.
El pronunciamiento se da en un contexto tenso, donde distintos sectores del Ministerio Público han mostrado posiciones divididas respecto a la continuidad de Benavides, cuya suspensión fue recientemente levantada por una decisión administrativa.
Preocupaciones institucionales
La Fiscalía Anticorrupción argumenta que, mientras existan investigaciones abiertas contra quien ostentó el máximo cargo en la institución, es esencial que se garantice un entorno de autonomía y objetividad. Según EFICCOP, el regreso de Benavides podría generar interferencias o intimidación sobre los equipos que conducen procesos sensibles, muchos de los cuales involucran a altas autoridades del Estado.
Este tipo de alertas institucionales reflejan un malestar creciente dentro del Ministerio Público por la aparente falta de mecanismos que aseguren una transición ética y responsable en los cargos de alta dirección.
Impacto en la percepción ciudadana
En ciudades como Huacho y otras provincias del país, el impacto de este tipo de disputas institucionales se traduce en una percepción de inestabilidad y desconfianza en el sistema de justicia. Para una ciudadanía que demanda lucha real contra la corrupción y un servicio fiscal eficiente, las pugnas internas debilitan la credibilidad del aparato estatal y alimentan el escepticismo frente a las decisiones del Congreso o del Poder Judicial.
