Situación en el Parlamento
Una reciente revelación ha puesto nuevamente en el foco a la institución parlamentaria: al menos 30 parejas de hermanos, así como otros vínculos familiares, estarían trabajando simultáneamente dentro del Congreso de la República. Este hecho ha reavivado el debate sobre el uso del poder político para colocar allegados en puestos públicos, una práctica que, aunque no necesariamente ilegal, ha sido señalada como éticamente reprochable.
Declaraciones de Eduardo Salhuana
El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, reconoció públicamente la existencia de estos casos, calificándolos como «faltas éticas». Admitió que una de las situaciones más discutidas corresponde a su bancada, específicamente a la congresista Rosío Torres, quien habría recomendado la contratación de su madre y de su hija en puestos dentro del Parlamento. Ambas trabajadoras también estarían vinculadas políticamente a APP.
Salhuana remarcó que, si bien no existe una infracción legal per se, este tipo de prácticas vulneran los principios de meritocracia y transparencia en la administración pública. Además, hizo un llamado a los legisladores a actuar con mayor responsabilidad institucional y a evitar acciones que afecten la imagen del Congreso.
Reacción Pública y Cuestionamientos
La ciudadanía ha mostrado una creciente indignación frente a estas revelaciones, que refuerzan la percepción de clientelismo, nepotismo y uso patrimonialista del Estado. La existencia de vínculos familiares entre trabajadores del Congreso despierta serias dudas sobre la idoneidad de las contrataciones y el cumplimiento de los requisitos técnicos para el acceso a dichos cargos.
Organismos de la sociedad civil y especialistas en gestión pública han insistido en la necesidad de reforzar los controles sobre los procesos de contratación dentro del Estado, especialmente en instituciones que deben ser ejemplo de transparencia y ética.
Propuesta de Mejora Institucional
Ante la magnitud del problema, diversas voces han planteado la urgente necesidad de establecer reglas claras que impidan la contratación de familiares directos en el mismo poder del Estado, incluso si no existe una relación jerárquica directa. También se propone una reforma del reglamento del Congreso para incluir disposiciones explícitas sobre incompatibilidades por lazos familiares.
Asimismo, se exige una acción más firme de parte de la Comisión de Ética Parlamentaria, que hasta la fecha no ha sancionado con severidad casos similares, lo que ha contribuido al debilitamiento de la confianza ciudadana en el Legislativo.
