Situación actual del caso ‘Cuchillo’
En medio de la investigación por la violenta masacre ocurrida en la zona minera de Pataz, el abogado defensor de Ever Huiza, conocido como ‘Cuchillo’, ha ofrecido declaraciones que intentan desvincular a su patrocinado de los hechos criminales. Según su versión, Huiza no solo sería ajeno a la masacre, sino que además habría salido recientemente de Colombia debido a amenazas contra su vida por parte de la organización criminal conocida como ‘La Gran Alianza’.
Presunto temor a represalias
El letrado Kevin Díaz argumenta que su cliente teme ser asesinado si es recluido en prisión, asegurando que la mencionada red criminal —implicada en disputas por el control de concesiones mineras en la sierra liberteña— tendría razones para silenciarlo. Según esta versión, Huiza estaría siendo utilizado como chivo expiatorio en una trama más amplia donde los intereses económicos vinculados a la recuperación de minas ilegales jugarían un rol determinante.
Defensa del perfil de Huiza
Como parte de su estrategia legal, la defensa ha presentado a ‘Cuchillo’ como un empresario agrícola, dedicado al cultivo de mango y palta fuerte, con operaciones principalmente en el norte del país. Esta caracterización buscaría contrastar con la imagen de cabecilla minero ilegal que ha circulado en diversos sectores políticos y mediáticos.
Cuestionamientos al gobierno
En sus declaraciones, el abogado también hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte, sugiriendo que habría que revisar la narrativa oficial sobre el caso y deslizando la posibilidad de que haya intereses ocultos tras la intervención del Estado en zonas de minería informal. Se dejó entrever que la reactivación de ciertas concesiones beneficiaría a actores económicos específicos, lo que, según el defensor, justificaría la urgencia de responsabilizar a Huiza.
Contexto de tensión en el sector minero
La masacre en Pataz y los posteriores operativos han vuelto a poner en el centro del debate la situación de la minería informal en regiones como La Libertad. Las disputas territoriales, la presencia de organizaciones criminales y la lenta respuesta del Estado han generado un clima de inseguridad y desconfianza tanto entre las comunidades como entre los actores del sector.
