Contexto legal
Una reciente ley aprobada por el Congreso de la República establece que los menores de edad de 16 y 17 años que cometan delitos graves como extorsión, sicariato o violación sexual podrán ser juzgados y sancionados con penas equivalentes a las que reciben los adultos. La norma busca responder al creciente uso de menores por parte de organizaciones criminales, especialmente en delitos de alta peligrosidad.
Sin embargo, la entrada en vigencia de esta ley ha generado un profundo debate institucional, particularmente con el Poder Judicial, que ha manifestado objeciones respecto a su aplicación.
Posición del Poder Judicial
El Poder Judicial, a través de diversas instancias técnicas y administrativas, ha expresado su preocupación sobre la constitucionalidad y conveniencia de la norma. Argumentan que la legislación vigente, incluyendo compromisos internacionales suscritos por el Perú, reconoce el principio de interés superior del niño y establece un régimen penal juvenil diferenciado.
Desde este enfoque, se plantea que los jueces deberían abstenerse de aplicar automáticamente las disposiciones de la nueva ley si esta entra en conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos y protección de menores.
Debate institucional y social
El pronunciamiento del Poder Judicial ha generado reacciones diversas. Algunos sectores políticos acusan a esta institución de resistirse a medidas más firmes contra la delincuencia, mientras que otros defienden su autonomía para interpretar las normas de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales.
En la sociedad civil, la medida también ha generado posturas encontradas. Por un lado, se exige mano dura ante la participación de menores en crímenes violentos; por otro, se recuerda la necesidad de políticas de prevención, rehabilitación y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Implicancias para el sistema penal juvenil
La entrada en vigencia de esta ley podría modificar sustancialmente el enfoque del sistema de justicia penal juvenil en el Perú. Si los jueces adoptan el criterio de aplicar penas de adultos a menores infractores en casos graves, se ampliaría el marco de sanciones, pero también se corre el riesgo de perder el enfoque resocializador que tradicionalmente ha regido el tratamiento de adolescentes infractores.
De otro lado, si el Poder Judicial decide no aplicar la ley en determinados casos, podría abrirse una controversia constitucional que termine resolviéndose en el Tribunal Constitucional o incluso en instancias internacionales.
