La inestabilidad en la Fiscalía de la Nación sigue escalando. En medio de una pugna institucional sin precedentes, el Congreso de la República se estaría preparando para impulsar la destitución de la fiscal suprema Delia Espinoza, actual presidenta interina de la Junta de Fiscales Supremos, luego de que esta se negara a ejecutar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Choque de poderes: JNJ vs Ministerio Público
El detonante de este nuevo episodio institucional fue la resolución emitida por la JNJ que dispone la reincorporación de Benavides, suspendida desde diciembre de 2023 por graves señalamientos de corrupción y presunto liderazgo de una red criminal dentro del Ministerio Público. Delia Espinoza, en su calidad de presidenta interina, optó por no acatar dicha medida, argumentando que aún existen procesos pendientes y que su deber es preservar la estabilidad institucional del organismo.
Esta decisión ha desatado una tormenta política y jurídica, abriendo la puerta a un posible proceso de destitución desde el Parlamento.
Constitucionalistas advierten una maniobra política
Diversos especialistas en derecho constitucional han advertido que el Congreso aprovecharía esta situación de caos para buscar remover a Espinoza, bajo el argumento de una presunta “infracción constitucional” por desacatar una orden de un órgano autónomo como la JNJ. Sin embargo, otros sectores alertan que esta intención parlamentaria es parte de una estrategia más amplia para controlar los órganos de justicia y debilitar a los magistrados que no responden a intereses políticos.
Patricia Benavides: eje de una disputa de poder
La figura de Patricia Benavides continúa siendo un foco de tensión en el sistema de justicia. Su eventual retorno al cargo, a pesar de estar aún bajo investigación por su presunta participación en una organización criminal, refleja la debilidad de los mecanismos de control y las divisiones internas dentro del Ministerio Público. Mientras tanto, Espinoza ha insistido en que cualquier retorno debe evaluarse dentro de un marco legal claro y no como una imposición institucional.
Escenario incierto para el Ministerio Público
La posibilidad de que el Congreso actúe contra Espinoza generaría un nuevo precedente sobre la influencia política en organismos autónomos, agravando aún más la crisis de legitimidad que afecta al sistema judicial. La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación cómo se profundiza el deterioro de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción y el resguardo de la legalidad.
