Hechos recientes
Durante la última legislatura del Congreso de la República, tres parlamentarios evitaron ser suspendidos a pesar de que la Comisión de Ética había recomendado sanciones por faltas graves. El motivo: sus casos no fueron incluidos en la agenda del Pleno antes del cierre del periodo parlamentario, lo que imposibilita cualquier acción hasta el mes de agosto, cuando se retome la actividad legislativa.
Esta situación ha generado un nuevo cuestionamiento a la voluntad del Congreso para sancionar a sus propios miembros, en medio de un clima ya tenso por denuncias de encubrimiento, falta de transparencia y desprestigio institucional.
Congresistas implicados y casos archivados
Los tres congresistas beneficiados por esta omisión legislativa fueron señalados por conductas consideradas graves por la Comisión de Ética. Entre los cargos, se les imputa uso indebido de recursos públicos, contratación irregular de personal y comportamiento incompatible con la función parlamentaria.
Aunque la comisión recomendó suspensiones que iban desde los 60 hasta los 120 días sin goce de haber, los informes no llegaron al Pleno. Esto se traduce en una suspensión de facto de los procesos, dado que no podrán ser evaluados ni debatidos hasta el reinicio de sesiones en agosto.
Además de estos casos, también se han identificado otros “salvatajes” en los últimos meses, donde propuestas de sanción han sido suavizadas o directamente archivadas en la Comisión de Ética, sin mayor justificación pública.
Reacciones y críticas
Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como analistas políticos, han criticado duramente el comportamiento del Congreso, acusándolo de practicar un blindaje sistemático entre sus integrantes. Esta dinámica debilita la confianza ciudadana en el Parlamento, y refuerza la percepción de impunidad dentro de la esfera política.
Incluso algunos parlamentarios han expresado su disconformidad con la forma en que se han manejado estos expedientes, señalando una falta de voluntad para actuar con firmeza cuando se trata de casos que involucran a colegas de bancada o aliados políticos.
Consecuencias e implicancias
El retraso en la evaluación de estos casos no solo deja sin sanción a los implicados por varios meses, sino que además sienta un precedente negativo. Si la agenda legislativa puede manipularse para proteger a parlamentarios cuestionados, la función fiscalizadora del Congreso queda en entredicho.
Mientras tanto, el Congreso continúa siendo una de las instituciones con menor aprobación ciudadana. Según los últimos sondeos, más del 85% de la población desaprueba su desempeño, y este tipo de blindajes contribuye a agravar esa desafección.
