SAC evaluará casos críticos que involucran a la presidenta
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República se prepara para evaluar cuatro denuncias constitucionales que involucran directamente a la presidenta Dina Boluarte. Tres de estos casos están relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas sociales que estallaron a fines de 2022, mientras que el cuarto hace referencia a una supuesta usurpación de funciones tras la destitución de Pedro Castillo.
El tratamiento que reciba esta serie de denuncias será clave para definir el futuro político y legal de la mandataria, en un contexto en el que el Congreso ya ha sido cuestionado anteriormente por archivar investigaciones de alto perfil, especialmente aquellas que comprometen a figuras del Ejecutivo y del mismo Legislativo.
Crímenes en protestas: responsabilidad en debate
Los expedientes relacionados con las protestas de 2022 apuntan a una posible responsabilidad de la presidenta Boluarte en las decisiones que llevaron al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. En aquellas movilizaciones, decenas de ciudadanos fallecieron en distintas regiones del país, generando un profundo malestar social y demandas de justicia por parte de familiares y organismos de derechos humanos.
Estos hechos motivaron investigaciones fiscales y señalamientos de violaciones graves a los derechos fundamentales. Las denuncias constitucionales buscan establecer la responsabilidad política y penal de la mandataria en la cadena de mando que permitió los excesos represivos.
Usurpación de funciones tras caída de Castillo
La cuarta denuncia que será evaluada por la SAC refiere a un presunto acto de usurpación de funciones. Según este expediente, Dina Boluarte habría asumido el mando de forma irregular tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, generando cuestionamientos respecto a la legalidad de su ascenso y a las maniobras institucionales que rodearon ese proceso.
Si bien su llegada al poder fue respaldada inicialmente por el Congreso, con el paso del tiempo han surgido voces que consideran que su permanencia se ha visto beneficiada por un trato preferente en las instancias fiscalizadoras.
¿Nuevo blindaje en puerta?
En medio del debate político, crecen las sospechas de que el Congreso podría nuevamente optar por blindar a la jefa de Estado. Diversas bancadas han mostrado escasa voluntad para avanzar en investigaciones que afecten al Ejecutivo, especialmente cuando existe una alianza tácita que asegura estabilidad política entre el Legislativo y el gobierno.
La posibilidad de que las denuncias sean archivadas sin mayor análisis fortalecería la percepción ciudadana de impunidad, debilitando aún más la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
