En medio de tensiones políticas y cuestionamientos técnicos, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha reactivado de manera irregular la discusión sobre un proyecto de ley que propone extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), instrumento que ha sido objeto de duras críticas por facilitar, según expertos, la continuidad de operaciones ilegales bajo un amparo administrativo.
Sesiones fuera de plazo y controversias reglamentarias
El presidente de la comisión, respaldado por congresistas de bancadas de izquierda, ha impulsado sesiones fuera del plazo reglamentario ordinario del Congreso, apelando a una interpretación ambigua del reglamento legislativo. La intención: aprobar una norma que prorrogue el proceso de formalización minera más allá del 30 de junio, fecha límite establecida para cerrar el actual período de inscripción en el Reinfo.
La interpretación utilizada para sustentar las sesiones ha sido ampliamente discutida por sectores parlamentarios y técnicos que denuncian una manipulación del procedimiento legislativo para favorecer intereses particulares.
Preocupación por impacto en la minería ilegal
El proyecto en debate busca extender los plazos del Reinfo, un registro creado con la finalidad de formalizar a pequeños mineros informales. Sin embargo, diversos informes advierten que esta plataforma ha sido usada como una cobertura legal para operaciones vinculadas a minería ilegal y actividades extractivas en zonas ambientalmente sensibles, como reservas naturales y territorios indígenas.
Desde organizaciones medioambientales hasta autoridades regionales, se ha advertido que una nueva prórroga podría consolidar el avance de economías ilícitas vinculadas a la minería, el lavado de activos y la deforestación.
El rol del Ejecutivo y el posible desenlace
Ante la controversia, el Gobierno ha señalado que no apoyará una extensión indefinida del Reinfo, sosteniendo que el país necesita avanzar hacia un modelo de formalización real, con cumplimiento de normas ambientales y tributarias. Si el Congreso no logra aprobar la ley antes del 30 de junio, la decisión final recaerá en el Ejecutivo, quien podría optar por no ampliar el registro mediante decreto.
No obstante, desde el Legislativo se han lanzado advertencias políticas hacia el Ejecutivo, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una “amenaza velada” para presionar una ampliación por decreto.
Críticas desde diversos frentes
La propuesta ha sido cuestionada no solo por su fondo, sino también por su forma. Varios congresistas de oposición y analistas legislativos han denunciado el uso indebido de procedimientos parlamentarios para impulsar una agenda que, consideran, favorece a redes de minería ilegal. Asimismo, se ha señalado que el Estado continúa sin una política integral que combata esta problemática de manera estructural.
