Comisión Interamericana advierte riesgo de violación a normas internacionales sobre derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado una seria preocupación ante la propuesta legislativa debatida en el Congreso de la República del Perú, que plantea la amnistía y el sobreseimiento de procesos judiciales contra efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional implicados en violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
Posible afectación a más de 600 procesos judiciales
De acuerdo con las advertencias emitidas por la CIDH, la norma —de ser aprobada— tendría un impacto directo en al menos 600 procesos judiciales en curso, relacionados con hechos graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y masacres, muchos de los cuales aún están en etapa de investigación o sin sentencia definitiva. La comisión subraya que estos delitos son considerados de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles e inamnistiables según el derecho internacional.
Obligaciones del Estado y estándares internacionales
La CIDH recordó al Estado peruano su deber de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. La aprobación de una ley que elimine la responsabilidad penal de los presuntos autores de crímenes atroces significaría un retroceso en la lucha contra la impunidad y un incumplimiento de los compromisos asumidos en tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El organismo también reiteró que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que los Estados no pueden utilizar leyes de amnistía o prescripción para evitar el juzgamiento de responsables de graves violaciones.
Pronunciamientos en el país y debate político
Diversos colectivos de derechos humanos, familiares de víctimas y organizaciones civiles en el Perú han rechazado esta iniciativa parlamentaria, exigiendo respeto al marco constitucional y a los estándares internacionales de justicia transicional. En tanto, algunos sectores del Congreso sostienen que la norma busca “reconocer el sacrificio” de militares y policías que enfrentaron al terrorismo, una narrativa que ha generado fuerte controversia en la opinión pública.
