Decisión del Ejecutivo
El Ministerio de Relaciones Exteriores será la entidad encargada de constituir y dirigir una comisión multisectorial que evaluará las implicancias y viabilidad de un eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Así lo confirmó el Ejecutivo tras el anuncio realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su reciente presentación ante el Congreso de la República.
La medida se enmarca dentro de una serie de cuestionamientos por parte del Gobierno a las resoluciones y pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, según el Ejecutivo, habrían interferido en asuntos internos del país y limitado la soberanía nacional.
Alcance de la Comisión
La comisión tendrá carácter evaluativo y no implica aún una decisión definitiva sobre el retiro del sistema interamericano. Su función será analizar los aspectos jurídicos, políticos e internacionales que implicaría la desvinculación del Perú de este organismo regional de protección de derechos humanos.
Se espera que dicha comisión esté conformada por representantes de distintos sectores del Estado, especialistas en derecho internacional, diplomáticos y asesores técnicos. El informe final que emita este grupo será determinante para la eventual adopción de una postura oficial.
Reacciones y Consecuencias Potenciales
La posibilidad de abandonar el SIDH ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su preocupación ante esta iniciativa, al considerar que podría debilitar los mecanismos de protección de los ciudadanos frente a eventuales abusos del poder estatal.
En términos internacionales, un retiro del sistema también podría tener implicancias diplomáticas para el Perú, ya que el SIDH es uno de los pilares del sistema interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, dejar de formar parte de este esquema podría afectar la imagen del país frente a la comunidad internacional y limitar el acceso a recursos de defensa en casos de violaciones de derechos fundamentales.
Contexto Político
El anuncio del Ejecutivo surge en un contexto en el que el Estado peruano ha sido objeto de sentencias y medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana en relación con casos emblemáticos, incluyendo actuaciones de las fuerzas del orden y decisiones de alto impacto político. El Gobierno actual considera que algunas de estas resoluciones exceden los límites de una jurisdicción internacional razonable.
