Introducción:
La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, actualmente recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, ha anunciado el inicio de una huelga de hambre en protesta por lo que califica como “actos hostiles y trato diferenciado” en su contra. La exfuncionaria cumple prisión preventiva mientras se le investiga por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Contexto judicial:
Betssy Chávez fue detenida preventivamente en abril de 2023 como parte de las investigaciones por el presunto delito de rebelión, tras los sucesos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, acto que fue rápidamente desautorizado por las instituciones del Estado. La Fiscalía sostiene que Chávez habría tenido conocimiento y participación activa en dicha decisión.
El proceso judicial en su contra aún se encuentra en fase de instrucción, y mientras tanto, permanece bajo custodia penitenciaria.
Motivos de la protesta:
Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública y a sus abogados, Chávez denunció haber sido objeto de presuntas restricciones arbitrarias dentro del penal, que afectarían su derecho a la defensa, a la salud y a la integridad personal. En consecuencia, informó que ha decidido acogerse a una huelga de hambre indefinida como medida de protesta pacífica para exigir respeto a sus derechos fundamentales.
La defensa legal de la ex primera ministra ha solicitado a las autoridades penitenciarias que se garantice un trato justo, así como el monitoreo por parte de organismos de derechos humanos. Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones.
Reacciones y panorama político:
El anuncio de Chávez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores cercanos al expresidente Castillo expresaron solidaridad con la exfuncionaria, otros cuestionaron el uso de la huelga de hambre como estrategia frente a un proceso legal en curso.
En paralelo, voceros del Ministerio de Justicia y del sistema penitenciario han señalado en anteriores ocasiones que todos los internos son tratados conforme al marco legal vigente, sin distinción política ni personal.
