Alerta institucional rumbo a las elecciones 2026
En el marco del proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2026, una situación preocupante ha salido a la luz: altos mandos en actividad del Ejército y la Policía Nacional del Perú aparecen registrados como afiliados a partidos políticos, a pesar de que las normas disciplinarias prohíben expresamente esta vinculación. Esta revelación ha generado inquietud en torno a la neutralidad que deben mantener las fuerzas del orden frente al escenario político.
Incompatibilidad entre función militar y afiliación partidaria
El marco normativo que rige a las Fuerzas Armadas y la Policía establece la absoluta incompatibilidad entre la función militar activa y cualquier participación en agrupaciones políticas. Esta prohibición responde a la necesidad de preservar el principio de imparcialidad y subordinación constitucional, esenciales para el mantenimiento del orden democrático.
Casos identificados y posibles sanciones
Entre los casos observados figuran oficiales en funciones estratégicas, algunos incluso con cargos en unidades especializadas. Esta situación ha activado alertas en instancias de control, como la Inspectoría General y el Ministerio de Defensa, quienes podrían iniciar investigaciones disciplinarias o administrativas para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
Preocupación por la institucionalidad democrática
La presencia de miembros activos de las fuerzas del orden en registros partidarios puede ser interpretada como una amenaza al equilibrio democrático, especialmente en períodos preelectorales. La participación política de quienes tienen a su cargo el uso legítimo de la fuerza del Estado no solo vulnera principios legales, sino que erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de estas instituciones.
Exigencia de transparencia y depuración inmediata
Diversos sectores han solicitado al Jurado Nacional de Elecciones y a las autoridades competentes que se realice una depuración rigurosa de los padrones partidarios, así como una fiscalización efectiva de las inscripciones. La ciudadanía exige que se respete el marco normativo y que se garantice la absoluta neutralidad de quienes están llamados a resguardar el orden durante los procesos electorales.
