Pronunciamiento firme contra la minería ilegal
El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Mariño, lanzó un contundente llamado al Gobierno Central para que se tomen acciones urgentes y definitivas contra la minería ilegal en su jurisdicción. En declaraciones recientes, el burgomaestre expresó su rechazo rotundo a esta actividad ilícita que —según indicó— no solo daña el medio ambiente, sino que también ha desencadenado una escalada de violencia en la región.
“Yo apuesto porque se sepulte, se termine y se extermine la minería ilegal”, enfatizó Mariño, subrayando que la situación ha desbordado los límites del control local y requiere una respuesta articulada del Estado.
Investigación sobre asesinatos y mafias mineras
El alcalde solicitó que se investigue con profundidad los crímenes ocurridos en zonas mineras, muchos de los cuales estarían vinculados a redes criminales que operan alrededor de la extracción ilegal de oro. Asimismo, pidió que se examine el papel de las empresas que operan en el área y que, según algunos sectores, podrían estar relacionadas directa o indirectamente con estos actos de violencia.
La autoridad edil hizo especial hincapié en la necesidad de esclarecer recientes asesinatos, los cuales generan temor en la población y podrían estar siendo utilizados como mecanismos de control por parte de mafias mineras.
Formalización minera como solución estructural
A pesar de su postura contra la minería ilegal, Mariño reconoció el rol de los pequeños mineros artesanales que buscan formalizarse. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo para que garantice un proceso de formalización “real, viable y transparente”, que permita diferenciar claramente entre quienes cumplen con los requisitos legales y quienes se amparan en la informalidad para operar al margen de la ley.
Señaló que es indispensable establecer una política integral que combine erradicación, fiscalización y alternativas sostenibles para las comunidades dependientes de la actividad extractiva.
Demanda de presencia estatal
Finalmente, el alcalde de Pataz exigió mayor presencia del Estado en su provincia, no solo mediante acciones policiales y militares, sino también a través de inversión pública, servicios básicos y programas sociales. A su juicio, la ausencia del Estado ha permitido el crecimiento de la minería ilegal y de la criminalidad asociada a ella.
