Grave situación de seguridad en la sierra de La Libertad
La provincia de Pataz, ubicada en el ande de La Libertad, atraviesa una alarmante crisis de seguridad debido al avance incontrolado de la minería ilegal. En los últimos meses, esta actividad ilícita no solo ha causado daños ambientales y económicos, sino que ha desatado una ola de violencia marcada por enfrentamientos armados, desapariciones y asesinatos cuya impunidad revela la débil presencia del Estado.
El reciente hallazgo de restos humanos en una zona minera ha puesto en evidencia la ferocidad con la que operan bandas armadas vinculadas a la extracción ilegal de oro, en una dinámica que incluye sicariato, extorsión y control territorial.
Una tierra sin ley: crimen organizado en expansión
Según fuentes locales y reportes de las autoridades, diversas organizaciones criminales se disputan el control de minas informales, recurriendo a la violencia para eliminar a sus rivales o amedrentar a trabajadores que no se someten a sus condiciones. Los llamados “gatilleros” —sicarios contratados— operan con total impunidad, aprovechando la falta de presencia efectiva de las fuerzas del orden y el limitado accionar del sistema judicial.
Los pobladores viven atemorizados y muchas zonas son consideradas inaccesibles incluso para la Policía Nacional, que enfrenta restricciones logísticas y riesgos extremos para intervenir.
Factores que agravan el problema
El crecimiento de la minería ilegal en Pataz no es reciente, pero ha alcanzado niveles críticos por varios factores:
- Ausencia de control estatal sostenido: Las intervenciones policiales son esporádicas y, en muchos casos, inefectivas.
- Corrupción local y permisividad: Algunos actores locales facilitarían indirectamente la expansión de estas actividades.
- Economía de subsistencia: Muchas familias, ante la falta de alternativas, dependen de esta minería informal como única fuente de ingreso.
- Difícil geografía y aislamiento: Las condiciones del terreno dificultan operativos y favorecen el ocultamiento de actividades ilícitas.
Impacto social y ambiental
Además de la pérdida de vidas humanas, la minería ilegal en Pataz ha generado una devastación ambiental significativa, contaminando fuentes de agua y dañando ecosistemas frágiles. Asimismo, ha debilitado el tejido social, provocando desplazamientos, pérdida de confianza en las instituciones y un incremento del miedo en las comunidades locales.
La falta de justicia en los crímenes cometidos refuerza la percepción de que Pataz se ha convertido en una “zona liberada” para el crimen organizado, lo cual representa un grave riesgo para la estabilidad regional.
Llamado urgente a la acción estatal
Diversos sectores han exigido al Gobierno central un plan integral de intervención multisectorial, que no solo considere acciones policiales, sino también políticas de desarrollo alternativo, formalización minera, justicia efectiva y presencia continua del Estado. La situación de Pataz debe ser abordada como una prioridad nacional, dada su magnitud y consecuencias para la seguridad y la gobernabilidad.
