En un fallo unánime que marca un precedente en la lucha contra la violencia infantil, el Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura condenó a la pena máxima de cadena perpetua a Ansonny Manuel Rosales Rivadeneyra. El sentenciado, quien ejercía como auxiliar, docente de educación física y entrenador de vóley, fue hallado culpable de violación sexual en agravio de una alumna de 11 años.
Las investigaciones fiscales determinaron que Rosales Rivadeneyra utilizó su posición de autoridad y la confianza que le otorgaba su cargo en el colegio San Juan Bosco para captar y someter a la menor. Los actos aberrantes ocurrieron dentro de las instalaciones del centro educativo, vulnerando la seguridad de los estudiantes en su propio espacio de formación.
El caso es particularmente alarmante dado que el imputado es un reincidente. Antes de este fallo, ya pesaba sobre él una condena de 12 años de prisión efectiva por hechos similares contra otra estudiante de la misma institución. Además, las autoridades informaron que aún mantiene dos procesos judiciales pendientes por denuncias de otras víctimas, lo que evidencia un patrón de conducta depredadora.
El éxito de la acusación se debió al trabajo conjunto del fiscal Onasis Juan Bedia Álvarez (Primer Despacho de Investigación) y el respaldo legal del Dr. David Jhovanny Morales Huamán, defensa de la parte agraviada. Con esta sentencia, la justicia de Huaura busca no solo castigar al culpable, sino enviar un mensaje de tolerancia cero ante cualquier atentado contra la integridad de los menores en el ámbito escolar.
EL CASO
«Una adolescente de 16 años denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de abusos sexuales sistemáticos por parte de su profesor de Educación Física. Según el testimonio de la menor, las agresiones ocurrieron dentro de la institución educativa en al menos tres oportunidades, iniciando cuando tenía 12 años y prolongándose hasta que tenía 16 años. El caso salió a la luz luego de que otra estudiante presentara una denuncia similar, lo que motivó a la agraviada a romper el silencio y buscar justicia ante las autoridades competentes.»
