Exalcaldesa asegura que el resto de implicados no tiene responsabilidad penal
Susana Villarán reafirmó que únicamente ella y José Miguel Castro conocían de los aportes de Odebrecht y OAS. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, volvió a pronunciarse a pocas horas del inicio del juicio oral en su contra y reiteró que únicamente ella y su exgerente municipal, José Miguel Castro, conocían de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de 2013. “Había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas. Había que dar ese paso. Yo lo di. José Miguel Castro, quien lamentablemente falleció antes de tiempo, y yo somos los únicos que sabíamos de esos aportes. El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad”, manifestó en una entrevista a RPP. Villarán señaló que, si bien no puede precisar la cifra exacta de los aportes, se trató de una suma considerable, aunque descartó que alcanzara los 11 millones de dólares mencionados en el proceso judicial. “Fue una cantidad importante, pero muy lejos de esa exorbitante suma que no sabemos de dónde sale”, puntualizó. Finalmente, admitió que la situación generó un quiebre en la confianza ciudadana, pero sostuvo que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. “He pedido perdón porque he dañado la confianza de mucha gente. Pero también voy a ser muy clara: esta ha sido una campaña de demolición de mi persona durante seis larguísimos años”, agregó.
Oficializan ley de criminalidad sistemática: Cadena perpetua por secuestro, extorsión y sicariato
A través de su publicación en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, fue promulgada la Ley N.º 32446, ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal. Como se recuerda, en su sesión plenaria del 3 de septiembre último, el Congreso de la República aprobó, en segunda votación, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el nuevo artículo que busca endurecer las sanciones hacia quienes comentan diversos actos ilícitos en el territorio nacional. De acuerdo con lo publicado este lunes 22 de septiembre, se incorpora el artículo 318-B, en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, el siguiente texto, quedando redactado de la siguientes manera: «El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua», precisa el citado artículo.
Designan a fiscal supremo Pablo Sánchez como Fiscal de la Nación Interino
El Ministerio Público designó esta noche al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde como Fiscal de la Nación Interino, en reemplazo de la titular Delia Espinoza, quien fue suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2025-MP-FN fue publicada este domingo en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. “Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino, a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, reza la parte resolutiva. En los considerandos se explica que la designación de Sánchez como Fiscal de la Nación Interino, es en su condición de Fiscal Supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo N° 3554 de fecha 05 de septiembre de 2014, adoptado por la Junta de Fiscales Supremos. Esto va en concordancia con la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 158 de la Constitución Política del Perú. En la resolución se notifica de esta designación a la Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional. Como se sabe, la JNJ suspendió a Delia Espinoza por seis meses, tanto en el cargo de Fiscal de la Nación como Fiscal Suprema, por incumplir en un primer momento el mandato de la propia junta, de restituir a Patricia Benavides, como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema, como finalmente sucedió. Es la segunda vez que Pablo Sánchez asume interinamente la Fiscalía de la Nación. Recordemos que en diciembre del 2023 también hizo lo propio cuando la JNJ suspendió en el cargo a la titular Patricia Benavides.
Fiscal de la nación solicita la cancelación de Fuerza Popular por «conducta antidemocrática»
La fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitó al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta «conducta antidemocrática». A través de la solicitud formulada ante la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, la titular del Ministerio Público acusa a la agrupación política que lidera Keiko Fujimori de haber vulnerado la Ley Organizaciones Políticas (LOP). «Vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales» De acuerdo con el petitorio presentado este jueves 18 de septiembre, Espinoza Valenzuela argumenta que Fuerza Popular vulneró el artículo 14 de la LOP, por «desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales«. En ese sentido, afirma que promueve «atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión». Además, de que promueve la «exclusión de congresistas» y exculpa «atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno», esto en referencia a la Ley N.º 32419, ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Asimismo, denuncia la «legitimación de la violencia como método para la construcción de objetivos políticos» Como del proceso disciplinario que le sigue en su contra, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a Delia Espinoza para las 10:00 a. m. de este viernes 19 de septiembre para que presente sus descargo frente al informe acusatorio de la magistrada María Teresa Cabrera Vega. Según el Informe N° 046-2025-MTCV-JNJ de la miembro de la JNJ, la fiscal de la nación podría ser suspendida de sus funciones por seis meses por haber desacatado el fallo de la institución que reponía a Patricia Benavides Vargas en su lugar, así como otras consideraciones. En ese sentido, acusa a Espinoza Valenzuela de incurrir la Ley N° 30483, Ley de Carrera Fiscal, habiendo cometido faltas «muy graves«, «reflejando un quebrantamiento del respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y a la confianza ciudadana en el Estado de derecho». Un nuevo pedido de cancelación afrontará Fuerza Popular, tal como en su momento lo intentó el fiscal José Domingo Pérez en el marco del caso ‘Cócteles’.
Congreso autoriza viaje de la presidenta por Asamblea General de la ONU
Por mayoría, el Pleno del Congreso de la República votó a favor de que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a los Estados Unidos. La mandataria tiene previsto estar en Nueva York entre el 21 y 25 de setiembre para participar de la asamblea general de las Naciones Unidas. (ONU). Con 53 votos a favor, 35 en contra y tres abstenciones, el parlamento dio el visto bueno para que la jefa de Estado realice su sexto viaje fuera del país en lo que va del 2025. Boluarte Zegarra llegará hasta la ‘ciudad que nunca duerme’ para actividades bilaterales y eventos sobre paz y derechos humanos. «A favor 53 señores congresistas, más Lizarzaburu, López Morales, Martínez, Barbarán, Cavero, López Ureña, Gutiérrez Ticona. En contra 35 más Sánchez Palomino, Montalvo, Taipe, Trigoso, Limachi y Cerrón. Abstenciones, tres. Se ha aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta a salir del territorio nacional del 21 al 25 de setiembre», manifestó José Jerí, presidente del Parlamento. En un oficio que la mandataria le hizo llegar a Jerí Oré, le indica que pese a no estar presente en el Perú, se mantendrá a cargo de su despacho, por lo que el presidente del Congreso no tendrá que tomar sus funciones en su ausencia. Para ello, empleará las tecnologías digitales (correo electrónico, aplicaciones de mensajería, etc.).
Congreso aprueba octavo retiro AFP
En un intenso debate, con 110 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el Congreso aprobó el octavo retiro de fondos AFP. Los afiliados podrán disponer anticipadamente de hasta 4 UIT de sus ahorros de jubilación. Noticia en desarrollo…
Luque plantea censura a Arana por audio
Congresista exige salida de Santiváñez y Arana por presunto tráfico de influencias. Ruth Luque anunció moción de censura contra Eduardo Arana tras difusión de audio en Panorama. La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, anunció que presentará una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, tras difundirse un audio que lo implicaría en un presunto caso de tráfico de influencias. En la grabación, revelada por el programa Panorama, se escucha una conversación entre Arana y el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, cuando en septiembre de 2024 ocupaban los cargos de ministro de Justicia y ministro del Interior, respectivamente. Según el material difundido, ambos habrían coordinado el traslado a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro, en Trujillo, para Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El diablo”, un expolicía condenado a 27 años de cárcel por integrar la organización criminal “Los Pulpos”. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Luque exigió también la renuncia inmediata de Santiváñez. “Como ministros han gestionado intereses particulares, pro delincuencia. Ni Santiváñez, ni Arana. Ambos deben renunciar inmediatamente”, sostuvo. Asimismo, criticó a Santiváñez por, supuestamente, haber utilizado el Ministerio del Interior para “generar redes de influencia”. “Además, celebra los cambios al delito de organización criminal para salvar a sus delincuentes. El tiempo nos da la razón, legislan para la delincuencia”, agregó. Hasta el momento, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el Ministerio de Justicia se han pronunciado sobre el caso.
Audio vincula a Santiváñez y Arana con favores a expolicía
Grabación revela pedido de Santiváñez a Arana por reo ligado a ‘Los pulpos’. Difunden audio en el que Santiváñez habría pedido a Arana trasladar a Miguel Salirrosas, alias ‘El diablo’, a un pabellón más cómodo. Un audio difundido en Panorama revelaría un diálogo entre los actuales ministros Juan José Santiváñez (Justicia) y Eduardo Arana (PCM), cuando en 2024 eran titulares del Interior y Justicia. La grabación mostraría un presunto tráfico de influencias para beneficiar a Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El diablo’, expolicía sentenciado a 27 años de cárcel por integrar el brazo armado de la organización criminal ‘Los pulpos’. En la conversación, Santiváñez habría pedido a Arana disponer el traslado de Salirrosas a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo. “Han venido al ministerio de la familia de los policías. Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo… todavía no lo cambian, hermano”, se escucha decir. Arana responde: “Ya. Lo veo ahorita”. Según Panorama, el audio fue registrado por un familiar de Salirrosas en el propio despacho de Santiváñez, cuando este era ministro del Interior. El dominical sostuvo que el actual titular de Justicia atendió un pedido de carácter privado desde una sede pública, en su condición de alto funcionario del Estado. La difusión ocurre días después de que la Fiscalía expusiera en audiencia más pruebas contra Santiváñez. El fiscal adjunto supremo Luis Ballón presentó audios, mensajes y testimonios que lo vinculan con supuestos pagos de 20 000 dólares para influir en fallos del Tribunal Constitucional a favor de otro expolicía, Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’. El Ministerio Público sostiene que Santiváñez habría recibido dinero y usado sus contactos para ofrecer beneficios penitenciarios e influencias judiciales. En otro audio difundido en redes sociales, se le escucha admitir pagos a magistrados del TC cuando era abogado particular. Hasta el momento, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el Ministerio de Justicia se han pronunciado sobre estas revelaciones que comprometen a dos figuras clave del gabinete de Dina Boluarte.
Exasesor de María Agüero detenido en España
Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero, fue detenido en España y afronta extradición al Perú. Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista de Perú Libre María Agüero, fue detenido el 19 de agosto en España, según informó la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. De la Cruz es investigado por su presunta participación en el caso ‘Mochasueldo’, referido al cobro ilícito de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del despacho parlamentario. La detención se dio en el marco de una orden de ubicación y captura dictada por el Poder Judicial desde noviembre de 2024, con el fin de cumplir un mandato de prisión preventiva de 18 meses. Posteriormente, la OCN Interpol Madrid comunicó oficialmente la detención provisional con fines de extradición. El juez Abel Centeno Estrada acogió el requerimiento del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y solicitó la extradición activa a las autoridades españolas para que De la Cruz pueda afrontar el proceso en el Perú por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado. La Fiscalía sostiene que De la Cruz y Edson Flores Valencia fueron los encargados de recolectar y recibir dinero proveniente del recorte de haberes de 12 trabajadores del despacho de María Agüero. A inicios de noviembre de 2024, las autoridades allanaron tanto el domicilio como las oficinas de la congresista, investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Según la investigación, Agüero habría abusado de su cargo para obligar a sus trabajadores a entregar parte de sus remuneraciones mensuales entre junio de 2022 y mayo de 2023.
Congreso evalúa eliminar Ley seca y permitir difusión de encuestas previo a comicios
El Congreso de la República debate modificar dos normas electorales vigentes. La primera es eliminar la prohibición de venta de bebidas alcohólicas antes de los comicios y permitir la publicación de encuestas hasta 24 horas antes de la votación. De ser aprobadas, estas medidas se aplicarían en las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, representando cambios significativos en las reglas tradicionales del proceso electoral peruano. Argumento de las iniciativas El proyecto para eliminar la llamada «ley seca«, presentado por el congresista Edward Málaga, argumenta que no existen estudios que comprueben una relación directa entre el consumo de alcohol y el desempeño ciudadano en las elecciones. Málaga destacó que el Perú es uno de los pocos países que mantiene esta restricción, que actualmente se aplica desde las 48 horas anteriores al día de sufragio. La otra iniciativa plantea modificar la actual prohibición de publicar encuestas una semana antes de los comicios, permitiendo su difusión hasta 24 horas previas al sufragio. Los impulsores de esta medida sostienen que la normativa actual limita el acceso a información relevante para el electorado y resulta inefectiva en tiempos de alta conectividad digital. Iniciativas en revisión Ambas propuestas se encuentran actualmente en etapa de revisión en las comisiones del Congreso, desde donde deberán pasar al Pleno para su eventual votación. El debate se centra en la necesidad de adaptar la legislación a contextos sociales actuales sin limitar libertades individuales sin justificación técnica, garantizando la transparencia y neutralidad del proceso electoral.
