Congreso: Pleno aprobó invitar a gabinete de Eduardo Arana HOY para rendir cuentas
El Congreso de la República aprobó invitar hoy, jueves 9 de octubre, al premier Eduardo Arana y a los miembros del gabinete ministerial para rendir cuentas y proponer soluciones ante la creciente inseguridad de nuestro país. Se trata de la Moción N° 18617/2025 que planteaba invitar al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que brinde información sobre las medidas adoptadas por su sector para enfrentar la violencia generada por bandas delincuenciales, principalmente en Trujillo. Sin embargo, este pedido fue modificado en el Pleno, luego de que el miércoles 8 de octubre en la noche se registrara un atentado contra los miembros de la banda de cumbia Agua Marina. Por ello, se planteó que la invitación se de para el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a su gabinete. Con 81 votos a favor y uno en contra, se aprobó invitarlos para este jueves 9 de octubre a las 3:00 p. m. a fin de informar sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana, «así como la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses por el Congreso». La bancada de Renovación Popular, presentó una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta nuestro país. En esa misma línea, la bancada de Podemos Perú y la Bancada Socialista vienen impulsando nuevas mociones de vacancia.
TC ordena reponer a Martín Hurtado Reyes como juez supremo tras anular destitución de la JNJ
El Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de amparo y determinó que el procedimiento disciplinario contra el magistrado fue “inconstitucional”. Hurtado Reyes fue destituido por la JNJ en el marco del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la reposición de Martín Hurtado Reyes en el cargo de juez supremo titular, tras declarar fundada la demanda de amparo presentada por el magistrado. La decisión anula la resolución administrativa emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que en 2021 dispuso su destitución como parte de un procedimiento disciplinario vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El TC determinó que el procedimiento disciplinario inmediato seguido contra Hurtado Reyes fue “inconstitucional”, al vulnerar el derecho al procedimiento preestablecido por ley. Además, advirtió una vulneración de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de la sanción. “En el caso concreto, se advierte que la Junta Nacional de Justicia aplicó la sanción más severa que se encuentra regulada en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, que es la sanción de destitución en el cargo por la comisión de faltas muy graves. Sin embargo, en dicha resolución no se aprecia una adecuada motivación que justifique la aplicación de la referida sanción”, precisó el máximo intérprete de la Constitución. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró “nulos” tanto el procedimiento disciplinario como todas las resoluciones emitidas dentro de este, incluida la resolución administrativa del 18 de mayo de 2021 que ordenó su destitución. No obstante, dejó a salvo la facultad de la JNJ para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario sobre el caso. Las investigaciones a Hurtado Reyes en la JNJ y el Ministerio Público se iniciaron tras la difusión de audios en los que se le escucha conversando con el entonces juez supremo César Hinostroza. En dichas grabaciones, Hurtado habría solicitado su intervención en el trámite de un expediente que sería elevado a la Corte Suprema, hecho que fue considerado como una falta muy grave según el artículo 48, numeral 4, de la Ley de la Carrera Judicial.
Morgan Quero evalúa postular a la presidencia en 2026
El ministro de Educación confirmó que es militante de Ciudadanos Por el Perú y que analiza dejar el gabinete para participar en las próximas elecciones. También indicó que el ministro de Salud, César Vásquez, podría seguir el mismo camino. El ministro de Educación, Morgan Quero, reconoció que su postulación a la presidencia del Perú en las Elecciones Generales de 2026 es “una posibilidad”. Detalló que esta decisión será evaluada al interior de su partido político, Ciudadanos Por el Perú. “Es una posibilidad, dependerá también del proceso interno. Yo no me adelanto a lo que pueda darse en las próximas semanas. A mí lo que me interesa es participar con libertad en nuestra vida pública, tener un diálogo fecundo con los ciudadanos del Perú, con las regiones, escuchar sus demandas y tratar de responder con proyectos y propuestas concretas a sus problemas”, declaró en el programa Prueba de Fuego de RPP. Quero indicó que su intención inicial es continuar en el gabinete ministerial hasta el final del mandato de Dina Boluarte, aunque no descartó cambiar de decisión. “En principio, como lo he señalado anteriormente, me gustaría quedarme si la presidenta me permite, acompañarla hasta que entregue el Gobierno el próximo año. Por ahora sí (quedarme en el gabinete), mi planteamiento mañana podría cambiar. Es una reflexión compleja”, expresó. Además, aclaró que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, no forma parte de Ciudadanos Por el Perú y calificó como “sorprendente” que se difundan versiones falsas. Quero también señaló que el ministro de Salud, César Vásquez, podría renunciar en las próximas horas para participar en los comicios, al igual que lo hizo Juan José Santiváñez. El Jurado Nacional de Elecciones informó que el 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades que deseen postular presenten sus renuncias, incluyendo ministros, alcaldes y gobernadores. Las elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026, y la eventual segunda vuelta está programada para el 7 de junio.
Abogada Giovana Vélez acusa a Patricia Benavides: “Copió mi tesis hasta las conclusiones”
La jurista señala que la exfiscal de la Nación reprodujo íntegramente 30 páginas de su investigación, incluso las conclusiones, para obtener su doctorado. La abogada penalista Giovana Vélez Fernández denunció públicamente que Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, plagió 30 páginas de su investigación publicada hace casi dos décadas. Según explicó, Benavides utilizó textos íntegros de su autoría para sustentar su tesis doctoral titulada “El Principio de oportunidad en investigación preliminar y su aplicación de los delitos de lesiones culposas”, con la que obtuvo su doctorado. En su momento, la Fiscalía ya había alertado que la tesis atribuida a Benavides tenía un 85 % de plagio. El caso volvió a cobrar relevancia tras un reportaje del portal La Encerrona, que sometió el documento al sistema Turnitin, revelando serios cuestionamientos sobre el jurado evaluador y la ética de quien lideró el Ministerio Público. “Me sorprendió bastante porque ya había comentarios de que ella no quería mostrar su tesis. Ayer salió a la luz y resulta que he sido una de las más afectadas. Únicamente le ha cambiado el título y ha sacado mi nombre; todo lo demás está copiado tal cual”, declaró Vélez al diario La República. La abogada precisó que Benavides no solo tomó fragmentos, sino que copió un artículo completo de 30 páginas, desde la introducción hasta las conclusiones. “Muy decepcionada porque la señora ha llegado a uno de los cargos más altos. Ese tipo de conductas afectan la idoneidad e integridad de los funcionarios”, señaló. Ante estos hechos, Vélez exigió que la Fiscalía actúe de oficio y adelantó que evalúa iniciar acciones legales contra la exfiscal de la Nación.
Gobierno no ve necesario declarar en estado de emergencia al transporte público de Lima y Callao
Los ministros Eduardo Arana y Carlos Malaver aseguraron que existen mecanismos policiales y legales que hacen innecesaria esta medida excepcional El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro del Interior, Carlos Malaver, descartaron este martes la necesidad de declarar un estado de emergencia para el sector transporte público en Lima y Callao. La postura del Ejecutivo se da a pesar de que esta medida ha sido exigida reiteradamente por los gremios de transportistas y respaldada por parlamentarios. Durante una conferencia de prensa, Arana explicó que la seguridad ciudadana y la lucha contra la extorsión ya se están abordando mediante operativos de inteligencia, patrullaje y acciones legales, sin necesidad de suspender derechos constitucionales. “Es evidente que existen otros mecanismos en los cuales, de manera sucedánea e inclusive de mejor manera, se pueden utilizar, y la Policía lo está haciendo para llegar al mismo objetivo”, sostuvo el premier. Asimismo, precisó que existen distintos tipos de “estados de emergencia”, y que el pedido de los gremios no se ajusta al enfoque operativo real. Para Arana, decretar una medida de excepción sin un sustento claro sería “una falta de responsabilidad”, sobre todo si solo sirve como “marco conceptual o periodístico”. Por su parte, el ministro Malaver indicó que la actual gestión está optando por dinamizar el accionar policial mediante herramientas legales como la Ley 32130, que permite respuestas más rápidas y eficaces sin necesidad de un estado de excepción. “Estamos obteniendo resultados más ágiles y visibles para la ciudadanía. No descartamos evaluar un estado de emergencia lógico, pero por ahora priorizamos estas herramientas”, señaló. La postura del Gobierno se da tras el paro de 24 horas realizado por los transportistas, motivado por hechos de violencia, incluido el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. Aunque se acordó levantar la medida de fuerza y establecer una mesa de trabajo para el 14 de octubre, el pedido de declaratoria de emergencia sigue en evaluación por parte de algunos gremios y el Congreso.
Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular al Congreso
Juan José Santiváñez, el polémico y cuestionado ministro de Dina Boluarte, renunció al Ministerio de Justicia y Derechos Humano a pocos días del debate de la moción de censura en su contra que se tenía previsto realizar en el Pleno del Congreso de la República. A través de una carta, Santiváñez agradeció a la presidenta Dina Boluarte y deja claramente indicado que la razón de su renuncia es por el “anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones en abril de 2026”. Su renuncia se da días previos al cierre del plazo legal (13 de octubre) para que los funcionarios dejen sus cargos en caso quieran postular en la contienda electoral. Solo horas antes, la Mesa Directiva del Congreso de la República había informado sobre la moción en su contra, que se debatiría y votaría este viernes 3 de octubre, conforme al reglamento parlamentario. Incluso, horas antes, el propio premier Eduardo Arana señaló que ningún ministro le informó sobre su intención de renunciar al cargo a poco de que venza este plazo para postular. En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, aseguró que Santiváñez postulará al Senado por Alianza para el Progreso con el número 5. Según dijo, tiene conocimiento, además, que el número 1 en la lista a la Cámara Alta de ese partido será César Acuña, pues así lo permite ahora la ley con los candidatos presidenciales. La segunda ubicación recaería en Marisol Espinoza y luego seguiría el actual ministro de Salud, César Vásquez. Trascendió que otro ministro que también renunciaría para postular es Jorge Montero, del Ministerio de Energía y Minas.
Pedro Castillo: PJ declara fundada demanda y determina que reciba pensión vitalicia
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima del Poder Judicial (PJ) declaró fundada la demanda interpuesta por el expresidente Pedro Castillo en contra del Congreso de la República, respecto al otorgamiento de su pensión vitalicia. Según informaron diversos medios de comunicación, la sentencia indica que se declara nula la Carta 543-2024-DRH-DGA/CR del 22 de marzo del 2024 (que deniega la pensión vitalicia), y la Resolución 133-2024-DGA-CR del 14 de mayo del 2024 (que declaró infundado el recurso de apelación). «En consecuencia, se ordena a la emplazada (Congreso) proceda a emitir un nuevo pronunciamiento, debiendo otorgar al expresidente José Pedro Castillo Terrones la pensión vitalicia correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia«, refiere el documento. Como es de público conocimiento, el exmandatario solicitó al Congreso de la República la concesión de una pensión vitalicia, luego de que se conociera la emisión de una resolución que otorga dicho beneficio al también expresidente Alberto Fujimori. «En efecto, al expresidente José Pedro Castillo Terrones le deniegan la pensión vitalicia en virtud del Artículo 2 de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori Fujimori se le otorga la pensión, señalando que el mismo Artículo 2 de la Ley 26519 atentaría el derecho a la presunción de inocencia«, refiere la sentencia. El juez Alexis Anicama precisa en la sentencia que «se debe concluir que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad del amparista, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente«. «En tal contexto debe declararse fundada la demanda por la vulneración al derecho a la igualdad reconocida en el Artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú; asimismo, se otorguen los costos procesales conforme el Artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional«, refiere.
Nueva ley sanciona hasta con 9 años de cárcel la venta y uso ilegal de chips móviles. Infórmate aquí
El Poder Ejecutivo publicó la Ley N.º 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) y el Código Penal (D. Leg. 635), con el objetivo de combatir la activación ilegal de líneas móviles y la comercialización de SIM card fraudulentas, prácticas que suelen estar vinculadas a delitos como estafas, extorsiones y suplantaciones de identidad. La norma incorpora el artículo 9-A a la Ley 30096, estableciendo que quien active una SIM card o línea de servicio móvil sin consentimiento del titular, utilizando sistemas informáticos o información falsa, será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro a ocho años, además de inhabilitación. Asimismo, se modifica el artículo 222-B del Código Penal, que ahora sanciona con penas de cinco a nueve años de cárcel a quienes provean, comercialicen o faciliten la adquisición de SIM card activadas ilegalmente. De igual forma, quienes las adquieran o posean enfrentarán sanciones de cuatro a ocho años de prisión. La ley también incorpora el artículo 272-B al Código Penal, que tipifica como delito la comercialización ilegal de servicios públicos móviles en la vía pública o de manera ambulatoria, salvo los casos expresamente autorizados por norma. La sanción prevista en estos casos es de uno a cuatro años de cárcel, además de multa de hasta 730 días-multa. Con esta reforma, el Estado busca reforzar la lucha contra el uso indebido de líneas móviles, un problema que afecta directamente la seguridad ciudadana. La medida apunta a cerrar brechas que permitían la circulación de chips sin trazabilidad y a responsabilizar penalmente tanto a quienes ofrecen como a quienes consumen estos servicios ilegales. 1️⃣ Activación ilegal de una SIM Card o línea móvil sin el consentimiento del titular o mediante información falsa o «errónea». Pena de 4 a 8 años de prisión. 2️⃣ Proveer una SIM Card activada ilegalmente, pena de 5 a 9 años. Adquirir o poseer una SIM Card ilícitamente activada, pena de 4 a 8 años. 3️⃣ Comercialización no autorizada, ambulatoria o «en la vía publica», de servicios públicos móviles, pena de 1 a 4 años. 4️⃣ El OSIPTEL tiene la obligación de entregar data al Ministerio Público y la PNP sobre operaciones ilegales.
Tomás Gálvez busca apoyo de José Jerí y Eduardo Arana para presupuesto del Ministerio Público
El fiscal de la Nación interino se reunió con los titulares del Congreso y la PCM en medio del recorte presupuestal que enfrenta la Fiscalía, lo que genera dudas sobre la independencia institucional. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sostuvo encuentros con los presidentes del Congreso, José Jerí, y del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, con el objetivo de conseguir recursos para el Ministerio Público. Tras asumir funciones, Gálvez enfrenta un escenario complicado: la gestión de su antecesora, Delia Espinoza, se vio afectada por los recortes aplicados por el Ejecutivo. Este 2024 se retiraron 81 millones de soles del presupuesto, y para el 2026 se prevé un nuevo recorte de 145 millones. En ese contexto, Gálvez manifestó a La República que “viene de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía” y que no teme a las tensiones con el Parlamento ni con el Gobierno. Su prioridad, dijo, es garantizar que los fiscales tengan los recursos necesarios para cumplir sus funciones. El miércoles 24 de septiembre, Gálvez se reunió con el titular del Legislativo, José Jerí, y un día después con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Desde el Congreso señalaron que este acercamiento marca “un cambio de rumbo” en la relación con el Ministerio Público y abre paso a una etapa de cooperación institucional.
Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos durante su gestión
Perfumes Dior, estatuas de bronce y sets de cosméticos valorizados en miles de dólares figuran en el registro oficial de obsequios entregados a la presidenta en actos protocolares e internacionales. Entre los objetos más costosos destacan una réplica de la estatua de Sanxingdui, cuyo precio en subastas supera los 10 000 dólares; vajillas de cerámica Mashiko Yaki, valoradas en hasta 650 dólares por plato; y perfumes Dior, cuyo precio puede llegar a varios miles de dólares en ediciones exclusivas. El documento también registra sets de cosméticos de lujo de la marca coreana Whoo, cuyo costo asciende a 20 000 dólares, además de botellas de sake, cuchillos ceremoniales Kris de 500 dólares y jarrones entregados durante visitas protocolares en Japón e Indonesia. Durante el APEC 2024, países como Taiwán, Canadá y Tailandia obsequiaron cajas cuyo contenido no fue detallado, mientras que Hong Kong entregó un set de porcelana valorizado en 300 dólares. Asimismo, la embajadora de Malasia obsequió un perfume de lujo cuyo precio oscila entre 100 y 200 dólares, aunque en ediciones limitadas puede llegar a 15 000 dólares. Lo que más ha llamado la atención es la ausencia en este registro de artículos altamente controversiales como los relojes Rolex entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como otros regalos provenientes de autoridades locales y regionales.
